La función bárbara del urbanismo, y la Nueva Agenda Urbana

Imagen anterior: una ciudad suburbanizada.

La función bárbara del urbanismo, y la Nueva Agenda Urbana

En 1974 se acuerda un proyecto de industrialización a escala planetaria, en el seno de las Naciones Unidas. Hasta entonces, las ciudades industriales son también los principales centros de consumo, pero el desarrollo de la competencia se contrae y se reclaman nuevos mercados. El acuerdo es global, y bajo el orden creado con la Carta de las Naciones Unidas, el horizonte que se vislumbra es el de un desarrollo más justo para todos, que reequilibre las desigualdades económicas y sociales entre los distintos países del mundo, y ponga fin a la herencia colonial. Pero, a su vez, se trata de una solución espacial para la competitividad del sistema empresarial, que traslada al “Tercer mundo” el proceso de producción por su bajo coste. De este modo, con el mensaje de una expansión industrial de la que tod@s se beneficiarán, se reconstruye la plusvalía necesaria para dar continuidad al régimen económico mientras éste sigue expandiéndose y urbanizando el planeta.

Pero, resultado de una implacable desigualdad del valor de las divisas, que ponderan las inequidades de las distintas economías, dichas plusvalías se materializan en el consumo de la producción del “Tercer mundo”, pero fuera de él. El “Tercer mundo” crea cuantiosos beneficios que, en su mayoría, benefician al “Primer mundo”. Para ello aparecen, en todo el planeta, los paraísos fiscales, mediante los cuales es posible fomentar la plusvalía privada y evitar impuestos, que apenas benefician a las fuentes productivas del “Tercer mundo”. Pero eso no es todo. Resultado de esta nueva cadena de mercado, donde la industria productiva se aleja del espacio de consumo, es necesario controlar el territorio intervenido a través de acuerdos transnacionales y el control de un mercado globalizado. Pero en este proceso no se contemplan los costes reales de un proyecto urbano cualitativo porque quienes controlan la inversión buscan beneficios a corto plazo, sin pensar en el futuro. Se crea suburbanización intensiva, y el impacto resultante desborda todas las previsiones. Debido de una intensiva inversión foránea en recursos naturales y en la producción industrial alimentaria, aparecen masivos procesos de migración forzada hacia asentamientos humanos dispersos y provisionales, sin control efectivo, que son reutilizados para mano de obra de manufactura básica, obrera, creando grandes focos de marginación y problemas de seguridad y salud que no llegan a poder ser atendidos por quienes ostentan el poder político.

Han pasado más de cuarenta años desde el establecimiento del NOEI (Nuevo Orden Económico Internacional) acordado en 1974 en el seno de las Naciones Unidas, y el problema empieza a comprenderse, sin ahondar en sus causas estructurales. Pero el desafío es cada vez mayor y cada vez son más evidentes las bárbaras consecuencias de planificar priorizando los intereses del capital privado inversor sin contemplar la función pública del urbanismo. En este contexto, la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas, de 2016, emerge con fuerza con el diseño de un nuevo paradigma urbano que se postula como una solución.

Atender esta compleja realidad forma parte de los propósitos de un desarrollo sostenible y equitativo, global, diseñado para toda la humanidad en el compromiso paradigmático de una Nueva Agenda Urbana, a través de las Naciones Unidas, desde el año 2016. Esta problemática se concentra en los países en desarrollo, es decir los cuales se considera tienen recorrido para mejorar, en lo cualitativo y en lo cuantitativo, y corregir sus déficits económicos y sociales, así como sus desigualdades internas. Se trata de lugares en los que la función pública es débil y no dispone de recursos suficientes en comparación con otras latitudes, donde no hay un urbanismo eficiente, no existen buenos planificadores y en donde se prevé que se concentrará el 95% de la mancha urbana creada entre los años 2014 y 2030, según las Naciones Unidas, correspondiendo a 1400 millones de personas que se añadirán a los 3500 millones que ya viven en asentamientos urbanos en 2014.

Se prevé, a medio plazo, un crecimiento urbano implacable, marginal y bárbaro en las urbes de los países en desarrollo, allí donde “Occidente” prometió garantizar su derecho al desarrollo a cambio del traslado masivo de los asentamientos industriales para garantizar la competitividad de sus empresas, para su lucro y el del sector inversor, llámese financiero. Esta promesa se hizo en 1974, en la Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, Resolución 3201 (S.VI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1 de mayo de 1974. Esta Declaración es taxativa: se diseña la industrialización del hasta entonces “Tercer mundo” o “colonias de explotación” a cambio de compartir la riqueza y de transferir conocimientos y tecnología a los países en desarrollo. Fue un éxito aparente, que acabó trazando el fin de la “Guerra Fría”. Pero, cuando esto ocurrió, cuando la industria occidental se trasladó y se puso fin al modelo comunista, se impuso otro orden real, el de los tratados de libre comercio. Y estos tratados se olvidaron del proyecto del desarrollo urbano, que pasó a ser bárbaro. Todo ello transformó la estructura productiva global y provocó el abandono del campo y el crecimiento exponencial de las urbes en los países en desarrollo industrial al servicio de “Occidente” y, sin un proyecto urbano capaz de racionalizar este proceso creando valor colectivo, provocó la migración masiva nacional y transnacional y el levantamiento de muros inmorales entre el “desarrollo” y el “subdesarrollo”.

El urbanismo debería ser una función pública, donde el interés general fuera lo principal. Debería garantizar la correcta creación de los bienes públicos en el proceso de urbanización, y debería ser una herramienta capaz de poner límites al carácter especulativo de la inversión privada en el proceso de transformación del suelo, para el bien común. Allí donde el urbanismo es una función pública, se crea valor colectivo. Donde no lo es, se crea la devaluación de lo colectivo y la especulación privada se transforma en un uso irracional e ineficiente del suelo, capaz de destruir ciudades y de impedir un justo desarrollo económico y social.

Lamentablemente, el urbanismo se convierte, allí donde lo público es una entelequia, en un instrumento controlado por el capital inversor especulativo, que decide para el interés privado aquello que es en apariencia importante pero careciendo de una visión colectiva, por no decir negando cualquier ápice de solidaridad, tanto para la función pública como para el sistema económico en general. Cuando esto ocurre, el urbanismo se convierte en una forma de obtener derechos especulativos y deja de ser una herramienta para el desarrollo. Las ciudades dejan de ser conjuntos, las calles dejan de ser caminables, la vivienda se dispersa y no existe centralidad, las actividades pasan a ser precarias e informales, se generan déficits en infraestructuras de servicios públicos, los residuos no se reciclan y se acumulan daños irreparables en el sistema biológico, a la par que la ciudad se desfigura, se abandona y crece espontáneamente al margen de la planificación. Los edificios no se mantienen, se destruyen los patrimonios histórico y natural, se desatiende el mantenimiento de las calles, la marginación pasa a ser estructural, se crean barreras sociales e, inevitablemente, espacios de inseguridad. Como resultado, se impone la informalidad, la corrupción… y, en situaciones extremas, la hostilidad y la violencia. Entonces, se normaliza la función bárbara de un urbanismo en el que solo ganan quienes especulan y criminalizan a la sociedad.

Ahora, se empieza a comprender el alcance de la problemática, pero para actuar es necesario tomar conciencia de ello a nivel colectivo. Para ello se ha diseñado una empresa paradigmática: la Nueva Agenda Urbana, que no es otra cosa que el proyecto de un nuevo ideal urbano cuya principal cualidad no es tanto la viabilidad de su implementación como la capacidad de trasladar la atención a la cuestión urbana global, imponiendo el 2030 como punto de inflexión a partir del cual tomar nuevas medidas. En cierto modo, el 2030 crea un espacio para la esperanza, y pone fecha a la realización de un balance crítico que apenas se empieza a dimensionar.

En 1974 se sembraron las bases de un urbanismo bárbaro, que actúa en el libre mercado legitimado por un proyecto o solución temporal para el sistema económico. Esta solución ha sido capaz de instrumentalizar la planificación territorial y urbana en los países en desarrollo y, en una segunda fase, de legitimar acuerdos transnacionales que no contemplan la vía de la función pública del urbanismo, cuyo resultado ha sido la libre especulación del suelo, para el lucro de los inversores implicados a costa de la miseria y el abandono social, y de la destrucción sistemática de la matriz biológica, con colosales y desastrosas consecuencias. Esta es la realidad de un problema capital, de difícil solución porque la solución no es urbanística, ni nacional; requiere de un nuevo orden económico internacional que, por imperativo ecológico y social, ponga fin al derecho a especular con la economía, la sociedad y el medio ambiente, en todos los sentidos y, muy en especial, a través de las urbes que genera, resultado de un sistema económico bárbaro y barbarizante.

Andreu Marfull
2019 02 13

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