Imagen anterior: Vivienda social abandonada en Ciudad Juárez, resultado de la globalización económica. Noviembre de 2018.

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El derecho a la plusvalía colectiva de Ciudad Juárez, el derecho a la ciudad global

Ciudad Juárez, México y América Latina no tienen instrumentos de creación, captación y distribución justa del valor generado por el desarrollo urbano. Crean valor, pero no se reparte en la comunidad, como sí ocurre en Europa Occidental y, en parte, en los Estados Unidos de América. Se planifican ciudades con la vocación de crear valor, pero (salvo en los asentamientos urbanos más privilegiados por la “ley” de la desigualdad territorial) no existen instrumentos de administración efectiva del valor creado ni existe tal intención, según el marco legislativo de aplicación. Existe, en cambio, un vacío o sinsentido legal entre aquello que se propone y aquello que se ejecuta. No es un problema de un mal gobierno de las ciudades, es un problema del gobierno nacional que es quien, en definitiva, legisla. Pero, sobre todo, se trata de un problema de índole geopolítico, que tiene que ver con dos mundos, el de los ricos y el de los pobres. Dicho de otro modo, tiene que ver con el desigual reparto del poder, y su mal uso o reproducción, que contrapone el bien privado al bien común.

El vacío legal que debería garantizar el bien común en la actividad planificadora no es un error, es el resultado de un abuso de poder, dígase político, económico y militar, de quien lo ostenta, y permite el proceso de creación, reproducción y acumulación del capital en manos privadas. Europa Occidental y los EUA se benefician de ello, unos más que otros, pero sobre todo se trata del beneficio de quien monopoliza el comercio transnacional, el flujo de riqueza que alimenta el mercado mundial.

De este modo, en lugares como Ciudad Juárez se atrae al inversor foráneo y se fomenta un plusvalor económico que crea riqueza para el sector privado, en especial para la empresa transnacional que participa de los acuerdos de libre comercio internacional (mediante la acción política) pero a costa de la ciudad y su ciudadanía. Mediante una compleja e ineficiente estructura gubernamental se controla el proceso de inversión en bienes urbanos desde el gobierno federal, no desde la municipalidad, y de este modo se imposibilita la autonomía financiera del municipio para garantizar la correcta urbanización de la ciudad y el cumplimiento de unos servicios públicos de calidad. Los impuestos generados por la actividad productiva son bajos (son atractivos para el inversor privado) y el gobierno central los administra, no la ciudad. Así se planifican los derechos del sector empresarial y de los propietarios de suelo sobrante (especulativo), garantizando el crédito y el interés del sector financiero, pero no se concede un justo reparto de dichos derechos a la comunidad.

Asimismo, existe un proyecto alternativo. Se trata del derecho a la plusvalía pública o colectiva implícito en los Objetivos del Desarrollo Sostenible acordados en el seno de las Naciones Unidas. En ellos se incorpora el encargo de desarrollar “un nuevo modelo de urbanización que contenga mecanismos y procedimientos que protejan y fomenten los derechos humanos y el Estado de Derecho” (ONU-Habitat, 2016, p. 71), incluyendo el dar respuesta a los retos que implican garantizar una sostenibilidad medioambiental responsable con el medio natural. Este proyecto es, en cierto modo, un medio de crear valor colectivo para toda la humanidad, cuya única, principal y poderosa barrera reside en que quienes lo impiden son, a su vez, quienes tienen que implementarlo (los hilos del poder transnacional). El problema son los sectores económicos que se han creado a su alrededor, que inhiben el desarrollo de otros alternativos cuyo auge, necesariamente, los debilitará. El desafío es, sin duda, que para implementar este proyecto colectivo se requiere, previamente, concebir un Nuevo Orden Económico Internacional como el que ya se realizó en 1974 (ONU, 1974).

El camino hacia el desarrollo de una nueva red de ciudades global que cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible parece, a primera instancia, una quimera, pero se trata de un camino trazado que quienes primero lo sigan antes se beneficiarán. Y este camino es el Futuro. Repensar la ciudad dispersa, desurbanizada, infradotada, infravalorada, insegura e incapaz de garantizar su correcta ejecución y su mantenimiento, cuyos costes económicos, sociales y ambientales son incuestionables, forma parte de este camino. Repensar el potencial que implica reconvertir la ciudad en modelos urbanos con mayores densidades de población, “que son necesarias para implementar y mantener los espacios públicos y las áreas verdes; los servicios comunitarios, el transporte público, el comercio al menudeo y la vivienda asequible” (ONU-Habitat, 2016, p 190) forma parte de este camino. Esta reconversión o regeneración urbana garantiza la mejora de la calidad de vida, del medio ambiente y de la actividad económica, retroalimentándose del plusvalor generado por la actividad colectiva y colectivizadora que se genera. Pero para que sea posible requiere compromiso, inversión pública y de un proyecto de futuro que permita este nuevo paradigma urbano. En este proceso, repensar la vivienda social es indispensable.

REPENSAR LA VIVIENDA SOCIAL IMPLICA REPENSAR SU FUNCIÓN, LAS MAQUILAS, LA CIUDAD, EL PRESENTE Y EL FUTURO

Esta es la imagen de una vivienda social abandonada, en la zona suroriente de Ciudad Juárez, México. En ella se presenta la belleza de un espacio en el que se proyecta una vida, una casa con jardín, de tamaño pequeño, pero que puede crecer en tamaño a medida que la familia crece. Una familia vio en ella la imagen de un hogar, en una ciudad en expansión, y pagó el precio que se le ofreció.

Pero se abandonó ¿Por qué? No había ciudad. A su alrededor había un desierto, era insegura, no existía arraigo de la comunidad y el municipio permitió su venta con una promesa de creación de bienes y servicios públicos, incumplida.

La casita verde con jardín es una de las miles y miles de viviendas abandonadas de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y una más entre los millones de hogares equivalentes abandonados en México. Nadie tuvo la ocurrencia de crear valor urbano en ella, ni de ubicarla en un lugar con valor, porque -pese a que se niegue o se diga lo contrario- solo se pensó en el beneficio del promotor y en el coste nulo para los poderes públicos. El negocio inmobiliario funcionó, ya que hizo rentable la venta de viviendas cuyo coste principal es el de una construcción deficiente, sin cargas de urbanización añadidas y con un suelo de bajo coste. El gobierno mexicano cumplió con el propósito de crear vivienda de interés social, mediante un acuerdo con la banca (que garantizó hipotecas de bajo coste), pero no cumplió su función de dotar de derechos sociales a sus ocupantes. No cumplió con los propósitos de los derechos humanos, en lo referente a la seguridad y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de toda persona, que toda ciudad bien administrada debe y puede tener. El Gobierno se ahorró el esfuerzo de garantizar estos derechos y nunca previó los recursos necesarios para ello, cuando las personas lo necesitaban.

Resultado de un despropósito, el Gobierno autorizó un proyecto que le incumbía pero no consideró los costes derivados que, resultado de una mala decisión, revierten en la insostenibilidad de las finanzas públicas y la desautorización social de la actividad política, con todo aquello que conlleva. El promotor sacó provecho; el Gobierno creó un beneficio privado y múltiples perjuicios colectivos; la familia que la adquirió perdió su dinero y parte de sus ilusiones; y la comunidad juarense vio en esta promoción y sus nuevos habitantes otra oportunidad desperdiciada para crear valor en la ciudad.

Pero hubo otros beneficiados. El propietario del suelo obtuvo beneficio lucrativo de una tierra improductiva y el empresario, de una de los cientos de empresas (básicamente norteamericanas) que buscan en la frontera mano de obra barata, se benefició del bajo coste de la vivienda. De este modo, pudo negociar con el trabajador mexicano un sueldo bajo y, mediante la urbanización sistemática de este tipo de conjuntos residenciales, una oferta laboral en competencia dispuesta a bajar sus aspiraciones económicas y sociales para sobrevivir.

Ganan, pues, los promotores inmobiliarios, los empresarios de las empresas transnacionales (que se dedican a la industria maquiladora) y los propietarios del suelo mal urbanizado. Pierden, por otro lado, la ciudadanía, la ciudad y los Poderes Públicos. A corto plazo se trata de una solución a la migración forzada por razones económicas, derivada del proceso implacable de la automatización de la estructura productiva del territorio, a medio plazo se trata de una factura impagada y, a largo plazo, supone la condena de los Poderes Públicos a la quiebra.

La ciudad en general se empobrece, las industrias y los negocios no tienen ciudad donde apoyarse, se reproduce un círculo vicioso que no beneficia a nadie, cuya principal representación es el espacio urbano construido.

Pero, ¿existe realmente una alternativa? Sí. En paralelo a la negociación de un Nuevo Orden Económico Internacional, se puede garantizar la viabilidad del coste financiero de las arcas públicas con promociones de vivienda compacta, con valor añadido, que garanticen el sobrecoste de su ejecución con el mayor valor de venta y permitan, a su vez, que el promotor ceda terrenos y financie la correcta urbanización. Dicho proceso implica el desarrollo de una calidad urbana que revierte en calidad de vida y, a su vez, en el desarrollo de nueva actividad económica que, vía impositiva, alimenta la hacienda pública, equipara las desigualdades, libra a la administración de cargas innecesarias y, a largo plazo, tiende a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Se trata, por lo tanto, de una inversión a largo plazo que requiere, sin embargo, de una visión conjunta, colectiva, que participe de un proyecto común.

Para ello, se deben implementar los mecanismos de creación, captación y distribución justa del valor generado por el desarrollo urbano que propone ONU-Habitat (2016), que recoge la Nueva Agenda Urbana acordada en Quito (ONU, 2016) y que, de hecho, ya propugna el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 mexicano. Se trata, eso sí, de una nueva manera de entender la ciudad a través de una capacitación efectiva de la función planificadora, a través de una reforma del marco legislativo e institucional, que implica dotar a los poderes públicos de mayores funciones en materia de gestión urbanística.

¿Y qué ocurre con las maquiladoras? Con las debidas ayudas estatales a la ciudadanía, las “maquilas” pueden mantener su actividad, pero se inhibe su actual expansión al disminuir paulatinamente la oferta laboral a bajo coste, mientras se desarrollan otros sectores económicos y se vislumbra la renovación urbana. De este modo, el actual modelo de centros comerciales dispersos (asociados a la dispersión de vivienda e industria) tiende a compartir mercado con centros o ejes comerciales peatonales, y éstos a dar valor a la precariedad de los actuales. Se crea más plusvalía que sustituye a la de la industria maquiladora y, por otro lado, se reparte con la comunidad.

El Gobierno puede, de este modo, regular su proyecto nacional según los principios rectores de las Naciones Unidas y negociar (a medida que se avanza en este camino) el justo equilibrio del reparto de la riqueza mundial que implican los Objetivos del Desarrollo Sostenible, al que toda empresa transnacional debe(ría) adaptarse, por el imperativo global de la supervivencia del sistema o régimen económico.

A través de esta estrategia, se crea un futuro para Ciudad Juárez, para sus gentes. Se capitaliza la sociedad, la ciudad y la economía, mientras se invierte el actual camino al colapso económico y ambiental y se perfila un futuro “urbanizado” para toda la humanidad. De este modo, el derecho a la plusvalía colectiva de Ciudad Juárez deja de ser una utopía, para ser un proyecto que guíe su futuro y, junto a él, el del resto de ciudades de México, de América Latina y del conjunto del planeta, así como el principio del fin de un mundo de ricos y pobres.

Andreu Marfull Pujadas
20 de enero de 2019

Naciones Unidas (1974). Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. Resolución 3201 (S-VI) de la Asamblea General, de 1 de mayo de 1974.

—- (2016). Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos. Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito (Ecuador) entre los días 17 y 20 de octubre de 2016.

ONU-Habitat (2016). Urbanización y desarrollo: futuros emergentes. Reporte Ciudades del Mundo, 2016. Nairobi, Kenia: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 2016.