El juicio de España a los catalanes ha empezado

Imagen anterior: Juicio a los representantes políticos y civiles catalanes, en Madrid. Fuente de la imagen: EL PAÍS COSTA RICA, artículo “El juicio de España a los catalanes ha empezado”, del día 2 de marzo de 2019.

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El juicio de España a los catalanes ha empezado

Artículo “El juicio de España a los catalanes ha empezado“, publicado en EL PAÍS COSTA RICA, el 3 de marzo de 2019 (Clicar)

Andreu Marfull Pujadas
3 de marzo de 2019 

En febrero de 2019 ha empezado el juicio a los representantes de la voz catalana que defendió, el 1 de octubre de 2017, el derecho a votar su libre determinación. Lo defendieron votando, y España envió allí al cuerpo policial para impedirlo. Ahora, tras unos meses de censura y persecución mediática y judicial, empieza el juicio con los representantes civiles y políticos entre rejas y el cuerpo policial condecorado, bajo la tutela de Su Majestad el Rey Borbón. Este texto denuncia la imparcialidad del proceso judicial, ahonda en sus causas históricas y alerta de los desafíos que conlleva no darle solución.

Estas palabras van dirigidas a la atención del orden internacional, en especial de América Latina, con la mirada puesta en Europa y sus desafíos históricos. El asunto es el juicio a los representantes del pueblo catalán, que desea expresar su libre autodeterminación ante una España que no le otorga este derecho. El motivo de este llamamiento es la falta de imparcialidad del proceso, la ausencia de un arbitrio internacional, y su impacto global.

El juicio se ha iniciado el mes de febrero de 2019, y el sistema judicial español actúa como juez y parte defendiendo la unidad de España. El aparato mediático estatal ha sentenciado el caso catalán ante la opinión colectiva, antes de empezar el juicio, y la sentencia es clara: son culpables. Paralelamente, se evita la difusión del juicio para contener la capacidad crítica de la comunidad española e internacional y, sobre todo, para silenciar la voz catalana que cuestiona a la sentencia mediática y judicial preconcebida. De este modo, se silencia, también, a la voz de las gentes y/o pueblos que cuestionan al orden establecido y se organizan para defender su libre expresión.

Los catalanes, resultado del rechazo de España a su ofrecimiento para formar parte de ella, con el estatus de nación, han instado a sus representantes culturales, civiles y políticos, a ejercer su derecho a la libre determinación, como pueblo. Y se han organizado colectivamente para realizar un referéndum de autodeterminación. Desean saber cómo quieren gobernarse, tras cuestionar la autoridad de un estado español que se niega a aceptar la singularidad nacional catalana y ejerce instrumentos de dominación sobre ella. Las causas de esta determinación popular son históricas. Es incuestionable la opresión que los estados francés y español han ejercido sobre el territorio de influencia catalana, que entronca con la región de Occitania, del mismo modo que es incuestionable el borrado de su historia común. Occitania y el principado de Cataluña, junto con el resto de los reinos catalanes (Valencia y Mallorca), así como el condado del Rosellón, son una entidad de origen medieval que, resultado de un pulso político y religioso, ha sido objeto de descrédito, persecución y opresión. Este desafío cultural ha ido acompañado del desmantelamiento de la autoridad de Aviñón, de la Orden de San Juan y del pueblo judío en estas tierras, así como de las autoridades cátara y protestante, bajo el brazo católico inquisitorial, en las mismas tierras desde las cuales se expandió el modelo monástico benedictino por toda Europa Occidental (Aniana, junto a Aviñón y Montpellier), hará ya más de 1000 años.

Los reinos catalanes han mantenido su autoridad nacional, institucional, jurídica, económica y fiscal hasta el inicio del siglo XVIII. Es entonces cuando castellanos y franceses, bajo el proyecto Borbón, inician el desmantelamiento de la identidad nacional catalana imponiendo el absolutismo castellano.

Pero, pese a todo ello, los reinos catalanes han mantenido su autoridad nacional, institucional, jurídica, económica y fiscal hasta el inicio del siglo XVIII. Es entonces cuando castellanos y franceses, bajo el proyecto Borbón, inician el desmantelamiento de la identidad nacional catalana imponiendo el absolutismo castellano. Este desmantelamiento es el resultado de una guerra dinástica internacional para el control de Europa, en la que los ingleses, los holandeses, los austríacos, los portugueses y los poderes de los Saboya acuerdan con los borbones el reparto de sus tierras y de los derechos del proyecto colonial. Con el Tratado de Utrecht, de 1713, que pone fin a esta guerra, se traza el destino de los catalanes, que son abandonados a la suerte del derecho de conquista, y el conflicto continúa en una contienda desigual entre catalanes y borbónicos, hasta que son derrotados. Desde entonces, los catalanes defienden sus privilegios y libertades labrados a lo largo de los siglos gracias a un sistema parlamentario altamente institucionalizado, que son los derechos originarios de todo pueblo genuino. En su lugar, en toda España se impone una institución intrusa sin vocación parlamentaria, bajo el modelo castellano e inquisitorial, que la historiografía oficial se empeña en dignificar por activa y por pasiva.

En conjunto, se trata de un episodio que Europa ha tendido a descuidar, en el largo y doloroso proceso de formulación de sus estados, y de su difícil convivencia. Por lo general, con el paso del tiempo se ha normalizado un orden político, económico y sociocultural, como ha ocurrido en Francia. Pero en el caso de España este proceso todavía no se ha materializado.

Resultado de la castellanización forzada del conjunto de las naciones de la región de España, España se niega a reconocer plenamente su identidad plurinacional, del mismo modo que le ocurre a Europa.

Resultado de la castellanización forzada del conjunto de las naciones de la región de España, que se inicia en el siglo XVI, que se acelera en el siglo XVIII, y se ha mantenido hasta la constitución española de 1978, España se niega a reconocer plenamente su identidad plurinacional, del mismo modo que le ocurre a Europa. Por razones políticas, económicas, religiosas y culturales, España y el orden europeo son coautores del desmantelamiento de la identidad nacional catalana. Lo fueron en el siglo XVIII, pero también en el siglo XX. Con el nacimiento de las Naciones Unidas, Europa no reconoció la singularidad del proceso colonial castellano, y España implementó la censura y la represión en defensa de su identidad castellana, a costa del resto de nacionalidades. Cataluña y el republicanismo español quedaron a merced del gobierno fascista franquista, quien ejerció una profunda represión con docenas de miles de víctimas que todavía nadie ha podido dignificar, ni juzgar. El franquismo terminó, pero la democracia empezó con la prohibición de juzgar al franquismo, de modo que se mantuvo en el poder. Se impuso la Ley de amnistía de 1977, y Europa no lo impidió. España aplazó de este modo su correcta reconciliación.

Como resultado, se ha creado una situación anómala en su convivencia. Otras entidades plurinacionales, como el Reino Unido, Bélgica o Suiza, a lo largo de los siglos diecinueve y veinte han tendido a aprender a convivir, respetándose mutuamente. España ha hecho pasos adelante hacia su conciliación, en el último cuarto del siglo XX, pero este proceso ha sido insuficiente. Empezó condicionado por el interés de Europa en abrir sus fronteras a España, sin consenso, sin un debate y al margen de la castellanidad, y ha iniciado un retroceso. Esta situación, en el caso de Cataluña, se ha agravado debido a la cuestionable administración estatal de los derechos históricos y culturales de los catalanes, así como de una incuestionable fiscalización política y económica de Cataluña, Valencia y Mallorca.

En este contexto, los representantes civiles y políticos catalanes, con el apoyo cultural e intelectual de la catalanidad, han apoyado la voluntad del pueblo catalán. Ellos son los representantes de un pueblo unido que defiende sus derechos fundamentales, a quien se deben. Todos ellos desean expresar su opinión y mostrar su determinación a expresarse como nación, en un orden internacional justo, en el que no haya desigualdades impuestas entre las naciones y exista el derecho al reconocimiento mutuo, para el bien común.

Se trata de un desafío a una españolidad castellana que no incorpora a la catalanidad como parte de su identidad, que no respeta su naturaleza plurinacional y ejerce la fobia y la represión al resto de naciones, con total impunidad.

No se trata de un desafío a la castellanidad en Cataluña. Se trata de un desafío a una españolidad castellana que no incorpora a la catalanidad como parte de su identidad, que no respeta su naturaleza plurinacional y ejerce la fobia y la represión al resto de naciones, con total impunidad. El catalán está prohibido en las cortes de España y en el ejército español, y está ampliamente rechazado en el sistema judicial de índole estatal. Las consecuencias de esta situación transcienden a un pulso por una identidad cultural, y forman parte de la aplicación de un derecho de ocupación histórico de carácter militar, político e institucional, dirigido en su origen por su majestad Felipe V de Borbón, en los inicios del siglo XVIII, que tiene su fundamento internacional en el Tratado de Utrecht.

Ante este escenario, el pueblo catalán participó activamente del proceso de implementación del sistema democrático y social en España, iniciado desde la muerte del dictador Francisco Franco y tutelado por Europa. El balance fue, inicialmente, aparentemente positivo. Pero en el momento en que la catalanidad recuperó su dignidad, en el inicio de la década de los 2000, fue objeto de recelo. Cataluña ofreció normalizar el proceso de recuperación de su identidad y sus derechos a España, pero ésta se la negó. En su lugar, España empezó una campaña judicial contra la normalización de la catalanidad. Resultado de ello, la catalanidad se reorganizó decidida y pacíficamente para defender sus derechos. Pidió ejercer su voz, su derecho a opinar. Pero ante la reiterada negación de España y el renacimiento de la hostilidad anticatalana, mostró su autoridad y se organizó con fondos y recursos propios, para votar un referéndum el día uno de octubre de 2017. Y votó, pese a una lamentable represión policial, derivada de la ausencia de carácter dialogante de la autoridad castellana. El resultado fue concluyente. Existe una mayoría de catalanes que desean dejar de formar parte de España, que es superior a la de los catalanes que desean seguir formando parte de ella. La españolidad castellana, lejos de abrirse al diálogo, optó por acentuar la represión, imponiendo la censura mediática y atentando contra la libertad de expresión, mientras iniciaba un proceso de judicialización sin precedentes. El orden policial, jurídico y político catalán fue intervenido. Todos aquellos que no representaban al orden español fueron retirados de sus cargos. En algunos casos, ajusticiados, del mismo modo que se inició el enjuiciamiento a la voz cultural y periodística.

Tanto el gobierno español como su sistema judicial, con el apoyo de su majestad el rey y la connivencia del ejército y la conferencia episcopal española, así como del poder económico instrumentalizado en la política, con el control casi absoluto de los medios de comunicación, se han opuesto a dar voz a los catalanes. En su lugar, todos ellos han creado el imaginario de unos líderes catalanes que han generado alboroto popular, y que actúan en contra de la ley, sin atender a los derechos fundamentales del orden internacional acordado en la Carta de las naciones unidas. La españolidad castellana, que gobierna con el brazo militar y judicial a España desde hace tres siglos, ha transformado a los representantes catalanes en los líderes de un motín, y los ha amenazado, perseguido, enjuiciado y enviado a prisión. Desde el mes de febrero del año 2019, ha iniciado un juicio contra ellos. Los acusa de organización criminal, rebelión, sedición y malversación de los fondos públicos. Y nadie acusa, a la españolidad, de atentar contra el pueblo y la nación a quienes ellos representan: Cataluña.

Europa ha pedido una solución dialogada, pero España pide penas de 12 a 74 años de cárcel contra los representantes democráticos y civiles de un pueblo organizado, tras haber creado el falso imaginario de un liderazgo populista e ilegal.

Ante la ausencia de un orden internacional legitimado, conocedor de la verdadera historia de los catalanes, que defienda los derechos de los pueblos a la libre determinación, Europa ha optado por pedir a España una solución dialogada. En su lugar, sin embargo, España ha decidido juzgar a quienes considera los líderes de una rebelión, organizados como una banda criminal. Pide penas de 12 a 74 años de cárcel, contra los representantes democráticos y civiles de un pueblo organizado, tras haber creado el falso imaginario de un liderazgo populista e ilegal, negando todo ápice de diálogo y creando un juicio a priori que ya incluye la sentencia. Paralelamente, en España se ha recuperado la voz neofascista, y la anticatalanidad se ha agravado, así como la del propio sistema democrático. Se ha reavivado el desmantelamiento de los pocos derechos culturales y lingüísticos de la catalanidad en Cataluña, tal y como se ha acelerado en las últimas dos décadas en Mallorca y Valencia. El pulso cultural es ahora judicial, faltando a la verdad histórica y a los derechos fundamentales de todos los pueblos.

La causa catalana no es solamente una legítima causa social, cultural y nacional. Es también una causa europea, por un orden internacional más justo y equitativo. Pero es, de hecho, una causa global, en un punto crítico de la historia de la humanidad en el que la democracia se pone en duda, también en Europa.

Europa ha conseguido sobreponerse a su propia competencia interna, liderando en el siglo veintiuno las voces de la democracia, la equidad social y la sustentabilidad ambiental, en un proceso en el que también han participado, activamente, los catalanes. En este proceso, sin embargo, Europa ha sacrificado varias culturas, internas y externas a su ámbito continental. En este sentido, atender el asunto catalán es una cuestión pendiente. Cataluña es la nación histórica europea con más vigor sin ser reconocida como tal. La España castellana es responsable de ello, pero también lo es el orden internacional europeo.

Dar voz a los catalanes no es un delito, el delito es enjuiciar a la catalanidad y conceder la impunidad a España sin atender a la responsabilidad colectiva de los pueblos del mundo, cuya convivencia se fundamenta en el libre reconocimiento mutuo.

En el caso de que Europa permita dar continuidad al juicio contra la causa catalana, será un paso a atrás que tendrá consecuencias en la conciencia colectiva. Dar voz a los catalanes, en una Unión Europea democrática, económica y social, no es un delito. El delito es enjuiciar a la catalanidad y conceder la impunidad a España sin atender a la responsabilidad colectiva de los pueblos del mundo, cuya convivencia se fundamenta en el libre reconocimiento mutuo.

Por encima de todo, existe el derecho de los pueblos a tener representantes políticos y civiles, sin cuya autoridad se ahoga la voz de la libertad, de la democracia y de los derechos sociales. Permitir este juicio y la condena o represión a la catalanidad, en el seno de la Unión Europea, tendrá consecuencias por el carácter antisocial del mismo. Pero, sobre todo, tendrá consecuencias por el hecho de tratarse de una seria amenaza para quienes representan a la democracia y la libertad necesarias para una confederación global de los pueblos. Sin esta confederación global, en la que todos los pueblos tengan voz a través de sus representantes, no será posible garantizar la paz universal ni afrontar los desafíos económicos, sociales y ecológicos que la humanidad debe atender.

 

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