Otra “ciudad posible” en Ciudad Juárez

El día 5 de octubre de 2018, a las 17:00 horas, se ha impartido la Conferencia magistral del Dr. Carlos Humberto Gadsden Carrasco con el tema “Racionalizar integralmente la ciudad para un desarrollo participativo y sostenible: La ISO 18091, los ODS de la ONU y los aprendizajes desde México”. Lugar: Sala Audiovisual “Francisco Villarreal Torres” del IMIP (Instituto Municipal de Investigación y Planeación) de Ciudad Juárez.

Fuente de la imagen: https://www.facebook.com/pg/IMIPJrz

El objeto de la charla ha versado sobre una idea: “otra ciudad es posible, si la tenemos en mente y trabajamos por ella”, y se inserta en el Seminario permanente “La ciudad posible” promovido por el IMIP [http://www.imip.org.mx/seminario/index.php].  Esta ha sido, en cierto modo, la forma de presentar la guía ISO 18091:2014 “Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la aplicación de la norma ISO 9001:2008 en gobiernos locales”, cuya iniciativa ha sido desarrollada por el propio Dr. Carlos Humberto Gadsden Carrasco. De un modo sucinto, resaltar que el Dr. Gadsden acredita una extensa actividad profesional en la que ha enfocado su empeño en el desarrollo de gobiernos confiables, desde una perspectiva local organizada pensando en el bien común.

Las directrices contenidas en la guía ISO 18091 permiten orientar las acciones en materia de gestión de calidad en las municipalidades, para que los gobiernos locales aseguren a sus ciudadanos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (u ODS de la ONU), desde una perspectiva integral. Es decir, dar cumplimiento a estos 17 objetivos globales:

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Pero la guía ISO 18091 no es solo una guía, participa de una meta globalmente acordada que se enmarca en los 17 objetivos citados más el compromiso para combatir el calentamiento global en el Acuerdo de París de 2016 (dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático), que además participa de la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (o CGLU). Y, ¿en qué consiste CGLU? Se trata de una iniciativa que promueve la vida comunitaria, y una comunidad de gobiernos próximos a la ciudadanía que asegure una organización mundial democrática y eficiente. Sus orígenes se remontan a 1913, cuando la Union Internationale des Villes (UIV) fue creada en el Congreso Internacional del Arte de Construir Ciudades y Organizar la Vida Comunitaria en Gante, Bélgica, que marcó el nacimiento del movimiento municipal internacional que, tras varias transformaciones, en 2004, confluyó en la unión de tres asociaciones internacionales de gobiernos locales y regionales -la Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA), la Organización de Ciudades Unidas (UTO) y Metropolis- que dio lugar a CGLU.

CGLU se trata, en definitiva, de una iniciativa que, en el siglo XXI, confluye en objetivos y vocación con los desarrollados después de un largo y labrado proceso de debates y compromisos que, colectivamente, han dado forma a la unificación de los intereses geopolíticos, económicos y sociales a gran escala. El camino empieza después de dos Guerras Mundiales y destaca con: 1º) la Carta de las Naciones Unidas en 1945; 2º) la Declaración sobre los Derechos Humanos en 1947; 3º) el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional en 1974, que planifica la industrialización del llamado Tercer Mundo; 4ª) la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en 1986, que garantiza el compromiso global hacia el derecho humano a disfrutar de un desarrollo común; y 5ª) los ODS de 2015. Cada una de estas efemérides globales ha representado un paso adelante hacia el diseño de un proyecto colectivo, que legitima el camino trazado a cambio de compromisos que corrijan y mejoren los errores acumulados, a la vez que atiendan los retos que están por atender (ver los 17 ODS).

Es decir, el Dr. Gadsden Carrasco ha venido a Ciudad Juárez a proponer la implementación de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los ODS, que a su vez han adquirido la forma de un doble objetivo que, en definitiva, son el mismo: una “Agenda Global” promovida por las Naciones Unidas e incorporada por CGLU que nos afecta a todos y debe ser la agenda sobre la cual todos debemos trabajar, también la municipalidad de Ciudad Juárez. Entrando en más detalle, ¿de qué “agenda” estamos hablando? Pues por un lado de la Nueva Agenda Urbana acordada en Quito en 2016, en el seno de las Naciones Unidas, cuya finalidad es el cumplimiento integral de los ODS y en especial del número 11, que se propone “Convertir a las ciudades y a los asentamientos humanos en lugares incluyentes, seguros, resilientes y sostenibles”. Y, por otro lado, de la Agenda Global de Gobiernos Locales y Regionales de CGLU, cuyos propósitos se dirigen a tres líneas de acción, según sea Local, Nacional o Internacional, que son necesarias para su implementación.

Fuente: https://www.uclg.org/es/agenda

En esta línea, la guía ISO 18091 promueve implementar la Nueva Agenda Urbana, impulsar un nuevo sistema de gobernanza multinivel y, a escala internacional, conseguir que los gobiernos locales y regionales ocupen su legítimo lugar en la “mesa global” donde se dirige el mundo.

Entonces, este macro-proyecto… ¿se trata de una opción? Tal y como está planteado, la “ciudad posible” que se debate en el IMIP de Ciudad Juárez es, sobre todo, un proyecto colectivo al que los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de las Naciones Unidas y siguiendo las acciones recomendadas por CGLU, se ha comprometido a dar forma. Pero, ¿qué representa para Ciudad Juárez?

El ODS nº11 implica “Convertir a las ciudades y a los asentamientos humanos en lugares incluyentes, seguros, resilientes y sostenibles”. Pero Ciudad Juárez no cumple, desde hace bastantes años, con las debidas condiciones para garantizar un camino razonable hacia esta conversión. Se encuentra, de hecho, en una situación anómala que impide a la municipalidad, independientemente de quién la presida, atender dichos objetivos.

Una prueba de la dificultad municipal juarense es la gran cantidad de iniciativas promovidas para corregir los déficits urbanos, muchas de ellas desde el IMIP, destacando el PDUS (Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2016 de Ciudad Juárez), cuyos objetivos están plenamente justificados. Pero adolecen, todos ellos, de una limitación técnica y sobre todo presupuestaria para su correcta ejecución, que es causa y consecuencia de aquello que a su vez se propone corregir. Es decir, no es posible una gestión correcta de la disciplina urbanística por falta de recursos; no existen recursos públicos suficientes para atender todo aquello que se propone desde el PDUS; y la iniciativa privada no lo solucionará por sí sola como agente urbanizador principal. Y todo, conjuntamente, se encuentra en un ciclo vicioso de déficits y promesas de soluciones que no se materializan.

Pero existen otras pruebas de las dificultades de la municipalidad juarense que son todavía más evidentes, y que transcienden al campo del urbanismo. Y destaca una, como bien resalta el Dr. Gadsden en el IMIP. Del total de recursos públicos que se invierten en Ciudad Juárez sólo un 4% proceden de la municipalidad, un 16% proceden del Estado de Chihuahua y un 80% del Gobierno Federal, y esta situación viene diseñada en el Artículo 115 de la Constitución mexicana. Es decir, existe una anómala dependencia del municipio hacia estructuras gubernamentales de mayor escala, alejadas de la ciudadanía y de los problemas que adolece la ciudad, que no se ajustan a los objetivos de la Nueva Agenda Urbana. Siguiendo este planteamiento, se debe explorar su causa y sus consecuencias, y valorar hasta qué punto son representativas de la situación en la que se encuentra Ciudad Juárez y otras muchas ciudades similares en América Latina.

Resultado de un particular proceso de centralización del poder en las estructuras federales mexicanas, que es consecuencia de un periplo histórico de raíz colonial que contiene trazas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (o TLCAN), el Gobierno mexicano dispone de múltiples poderes que se entrelazan con las reglas que impone una competitiva economía transnacional. Y esta confluencia político-económica interfiere en el desarrollo racional de una correcta descentralización de los recursos públicos hacia una gestión ciudadana, como sucede a otras muchas partes del mundo. Dicho de otro modo, resultado de un determinado orden geopolítico, económico y financiero, se ha creado un gobierno que inhibe el empoderamiento colectivo de la nación y se crea una sociedad desigual con grandes colectivos marginados. Consecuentemente, se excluye a gran parte de la sociedad del derecho al desarrollo; se crean espacios de inseguridad como consecuencia de la miseria que se alimenta; se imposibilita la generación de sinergias culturales que fomenten el bien común; y se abandona cualquier proyecto que implique asumir responsabilidades ambientales por parte de quien se enriquece con la explotación de los recursos naturales. Es decir, se crean las condiciones contrarias al ODS nº11.

Y a todo este escenario conviene añadir el hecho que, en Ciudad Juárez y en otras ciudades fronterizas con los Estados Unidos de América, se están creando enormes sectores fragmentados, dispersos, donde múltiples asentamientos de industria maquiladora conviven con comunidades abocadas a la pobreza estructural que se asientan en núcleos residenciales excluidos, sin servicios y con urbanizaciones inacabadas. Este es el resultado de un “orden” político y económico transnacional que alimenta la miseria urbana y social colectiva, y se beneficia injusta e inhumanamente de ella. En este sentido, varios datos son alarmantes.

La política (estatal) de vivienda en México se ha entregado al sector privado, quien en la búsqueda de beneficios crea espacios marginales de “vivienda social” (de tamaño reducido, donde viven familias hacinadas e incomunicadas con los centros urbanos). Pero esta creación también es obra del sector público, que parte del mismo defecto: promete un bien que es en realidad un mal. El resultado es su inmediato abandono, en paralelo a su degradación sistemática. No son datos menores, el número de viviendas abandonadas en el sector suroriente de Ciudad Juárez, donde se concentra el área de mayor expansión de los últimos años, llega al 40% del total. Y todo ocurre por el hecho de infradotar de recursos públicos a la vivienda social, después de crear una sociedad con carencias económicas. Como resultado, grandes conjuntos residenciales restan abandonados en medio de grandes lotes baldíos sin edificar, incomunicados, que conviven en ciudades dispersas llenas, a su vez, de grandes y pequeños negocios que abren y cierran, y que en gran medida acaban también abandonados o malviven, en medio de una economía informal generalizada. 

Caminar por una ciudad sin aceras seguras; viéndose obligado a cruzar las calles entre coches; contemplando hasta qué punto desplazarse en coche no es una cuestión de tiempo o comodidad, sino de necesidad y seguridad, que excluye a sectores de la población que no pueden adquirir un vehículo; con unos transportes públicos privatizados que dependen del negocio de las rutas y no pueden cubrir ciudades dispersas; observando calles privatizadas, valladas y vigiladas por quienes gozan de este privilegio (o solución); y constatando la ausencia de ancianos, mujeres y niños por las calles; así como la imposibilidad de cualquier desplazamiento autónomo de las personas con discapacidad; difiere mucho de lo que debería ser una ciudad moderna. Pero detrás existe una coyuntura compleja, relacionada con una situación que conviene entender.

Migración forzada por la marginación y las injusticias de las desigualdades, a escala estatal y transnacional; tráfico de drogas y asesinatos relacionados con el crimen organizado; secuestros y desapariciones de niños, niñas y jóvenes relacionados con la extorsión, la trata de blancas y el tráfico de órganos; más crueles feminicidios; múltiples robos con violencia y una generalizada exclusión de la población en un espacio público hostil, completan este gran despropósito. Inseguridad, miedo e impotencia se dan de la mano en una ciudad que no debería “ser posible”, mientras se destruyen los cimientos de todo valor humano y esto nos “violenta” colectivamente. Se abandonan así las ciudades a su implacable deterioro, y esta (cruel) evidencia obliga a una severa reflexión que, de hecho, ya forma parte de la “Agenda Global”.

ONU-Habitat, la plataforma de las Naciones Unidas que ha propuesto la Nueva Agenda Urbana, apunta a las relaciones implícitas entre las desigualdades, las ciudades dispersas, la economía informal y la inseguridad, como un patrón global. En el reporte de ciudades del 2016, haciendo referencia al ODS nº11, manifiesta:

“La Nueva Agenda Urbana deberá promover ciudades sostenibles y asentamientos humanos que sean ambientalmente sostenibles y resilentes, socialmente incluyentes, seguros y libres de violencia, económicamente productivos, y mejor conectados, contribuyendo a una transformación rural sostenible. Ello en línea con la Agenda para el Desarrollo sostenible 2030, particularmente con el Objetivo 11: hacer ciudades y asentamientos humanos incluyentes, seguros, resilentes y sostenibles.”

Es decir, cuando el ODS nº11 hace referencia a “hacer ciudades incluyentes y seguras” apunta a las “ciudades excluyentes e inseguras”, que se evidencian en gran parte del mundo. ONU-Habitat habla de “inseguridad creciente y riesgo urbano” de este modo:

“Una importante cuestión urbana emergente tiene que ver con la inseguridad y el riesgo creciente. Durante las dos décadas pasadas, el crecimiento de la población urbana y los efectos de la globalización han aumentado las complejidades y la manifestación del crimen y la violencia en las ciudades. El miedo al crimen y a la violencia sigue permeando las ciudades y es una de las principales preocupaciones en la vida diaria de los ciudadanos. Un estudio muestra que 60 a 70 por ciento de los residentes urbanos ha sido víctima del crimen en aquellos países en desarrollo o en transición, en donde el rápido crecimiento de la población urbana está en su punto más alto. Los riesgos nuevos y omnipresentes que afectan a las ciudades incluyen el terrorismo, la guerra urbana, la elevación de la seguridad y las enfermedades y pandemias. La inseguridad y el riesgo minan la sostenibilidad a largo plazo de las ciudades en todo el mundo.”

No es un problema menor, y es responsabilidad de todos/as atenderlo debidamente. Por este motivo, y no por otro, democratizar las ciudades, los gobiernos y las estructuras de poder es el camino a recorrer, para creer en “otras ciudades posibles”. Y éste es el reto principal: cambiar los sistemas sociales, políticos y económicos establecidos. Se trata, pues, de creer en “otros escenarios posibles” que creen espacios alternativos a la realidad omnipresente.

METAS E IMAGINARIOS 

La “ciudad posible” que promueve el IMIP debe sustituir a la ciudad que “es” y no debería ser posible. Pero por ello no es suficiente idear planes que no se podrán cumplir, que a su vez ofrecen soluciones a problemas que no se pueden atender mediante la planeación urbana. Se debe señalar a las obligaciones de la municipalidad, pero no es a ella a quien se debe llamar la atención de un modo más apremiante. Quien tiene el poder y el dinero público es el Gobierno Federal y, en segundo lugar, el Estado de Chihuahua. Es a ellos a quien compete asumir la responsabilidad de la “Agenda Global” hacia los ODS, porque son ellos quienes deben empoderar a la sociedad dotándola del derecho a una vida digna, en lo económico y en todo lo referente a los derechos humanos universales, para después fortalecer la municipalidad, en toda la nación, con medios técnicos y financieros, aún a costa del poder del sector económico transnacional. Pero la solución final transciende a los mexicanos. Parecen problemas locales, y lo son, pero las causas tienen fundamentos globales. Existe un camino por recorrer que, en última instancia, debe incorporar la cooperación internacional, no en la forma de declaraciones (que hay muchas), sino mediante el mandamiento colectivo de la humanidad, una vez ésta tome el control del “desorden” internacional. Porque… esta agenda es un acuerdo global, que garantiza el mantenimiento del régimen económico global a cambio de compromisos sociales. Y estos compromisos nos recuerdan que los privilegios, sean políticos, económicos o financieros, son concesiones que, de no repercutir con el bien común, pueden eliminarse. 

La ciudadanía juarense y quien vive en las ciudades informales, inacabadas e infradotadas… e inseguras, desea, sea o no consciente de ello, “otra ciudad posible”. El problema está identificado, y el camino está trazado. Pero, ¿cómo materializarlo? Primer paso: imaginárselo. Segundo: creérselo. Tercero: hacerlo posible. 

Andreu Marfull
2018 oct 06