Pronto se cumplirá un año del espectáculo punitivo de la policía española contra la sociedad civil catalana (ver el despliegue policial y las imágenes que lo documentan). La policía, mediante orden judicial legitimada por el Gobierno y tolerada (por no decir aupada) por Su Majestad, ocupó Catalunya desde transatlánticos de empresas de turismo italianas, mientras el resto de poderes intervino los órganos de gobierno catalanes. El coste del despliegue policial para las arcas del Estado español ha sido de 87 millones de euros (clicar), y la policía ha ocasionado más de mil lesionados que han sido atendidos en los centros hospitalarios, cuyo único delito ha sido el querer votar. Nadie los ha indemnizado, y el Estado se ha dedicado a condecorar a los cuerpos policiales. Desde entonces reclama el dinero del coste de las papeletas, las urnas y la organización del referéndum, en que más de dos millones de catalanes proclamaron su voluntad de independizarse de España, que el gobierno catalán no ha costeado. Pero la persecución ha continuado.
A lo largo de este año se ha encarcelado a los líderes catalanes representativos del sentir popular, ya sea de los ámbitos de la política como de las organizaciones civiles, y se han abierto sucesivas órdenes de búsqueda y captura contra quienes han optado por la lucha internacional. España, ante el vacío estructural de un orden internacional contemporáneo efectivo, no ha conseguido el apoyo internacional, pero tampoco su desautorización pública. De este modo, ha optado por la persecución y la amenaza, imponiendo su “única ley” como la más efectiva, creando noticias falsas y mostrando ante el resto de España y del Mundo su autoridad ante el desafío catalán. Pero que nadie se equivoque, el desafío es una reacción pacífica derivada de un abuso de la autoridad con más de tres siglos de reiterados episodios similares, que han abocado a la catalanidad a decir “basta, hasta aquí hemos llegado”. Y no hay marcha atrás.
El juicio catalán e internacional ya ha empezado, y es pacífico porque es legítimo. Es poderoso.
Juicio pacífico
La identidad catalana y el derecho a la libre determinación del pueblo catalán están amenazados. Por esta razón el poder de la identidad sociocultural catalana reacciona manifestando su firmeza. ¿Y quién amenaza a los catalanes? Es el españolismo castellano que ostenta el poder con convicciones imperialistas, que sobrevive con la conciencia enfermiza de un patriotismo excluyente, ufano y soberbio, que no tolera ni sabe digerir la expresión de la voluntad catalana en las urnas con el uso y abuso de la fuerza que ostenta y (si es necesario) tergiversando la realidad para legitimar sus actos a los ojos de la ignorancia generalizada.
El respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos está proclamado por el Derecho internacional contemporáneo a través de la Carta de las Naciones Unidas (1945) y la Declaración del derecho al desarrollo (1986), que todos los Estados del mundo han aceptado. Sin embargo, España niega este derecho y se refugia en un orden internacional que, desgraciadamente, no tiene suficiente autoridad para garantizar lo que promulga, en que los Estados pueden apelar al derecho a la no injerencia y hacer valer las relaciones de poder. Pero esto también lo niega, y a su vez proclama la ley de la amenaza como la única real. Puertas adentro y puertas afuera crea noticias falsas mientras impone el silencio y el miedo a los catalanes. Es decir, al igual que lo hace el orden tecnocrático desde otras esferas del poder, el orden español castellano contiene la resistencia a las injusticias que fomenta mediante el ejercicio de la represión y (si es necesario) la violencia.
Ahora bien, los catalanes son un pueblo unido y una de las naciones más genuinas del mundo (lo dice la historia de los pueblos de Europa) y España no, por el hecho de ser una alianza traicionada por la castellanidad, desde los hechos de 1714. Desde entonces el orden español está basado en la traición a los derechos históricos catalanes y a la verdad histórica, que ha manipulado. Esta es la verdadera fortaleza de la causa catalana, y la debilidad de la española, pese al engaño histórico que incomoda al españolismo y Europa mira de reojo.
Pero restituir el derecho a la propia historia no es suficiente, también es necesario hacer un juicio para materializarlo. Por el simple hecho de haber ejercido la violencia judicial y policial con el objetivo de negar e impedir el derecho a defender y ejercer la libre determinación del pueblo catalán (proclamada con medios pacíficos y como expresión de la voluntad colectiva), el orden español castellano se merece el desprecio y la vergüenza, el rechazo y la condena pacífica, y en última instancia su juicio. Se merece el juicio de la dignidad de los pueblos pacíficos ante España, Europa y el Mundo, por el bien del futuro de la humanidad.
Andreu Marfull
2018.09.23
FU 