Un auto judicial inadmisible

Un auto judicial inadmisible

Este artículo dialoga con un artículo publicado en La Vanguardia digital. Fuente: La Vanguardia, 2018-03-24. Artículo “Las 17 contundentes frases que han llevado a la cárcel a los dirigentes del procés”” [http://www.lavanguardia.com/politica/20180324/441878930046/auto-juez-llarena-tribunal-supremo-encarcelamiento-rull-turull-romeva-bassas-forcadell.html]

Las notas en color negro corresponden al texto del artículo de La Vanguardia digital.
Las notas en color azul corresponden al autor de esta publicación, y tienen la vocación de corregir el texto atribuido al juez Llarena, el autor del auto de procesamiento que ha enviado a la prisión a los representantes del pueblo de Catalunya y que aquí se cuestiona abiertamente.

Dice esta fuente (La Vanguardia):

El magistrado del Tribunal Supremo ha finalizado su instrucción de una causa que ha hecho frente “a un ataque al Estado constitucional”
El pueblo y nación catalanes no ataca al Estado constitucional. Los catalanes se sienten atacados por un Estado que no reconoce el derecho a la libre determinación del pueblo catalán, tal y como establece el Derecho Internacional al que España se debe constitucionalmente.

Los principales investigados “diseñaron un plan criminal” para conseguir ilegalmente y por la fuerza la independencia de Catalunya.
El pueblo catalán no ha diseñado un plan criminal, esta afirmación es una barbaridad. La violencia la ejerce el Estado español con el abuso del poder a través de la manipulación de los hechos, la amenaza, la opresión, la judicialización, la condena y la prisión.
El pueblo catalán desea ejercer su derecho a la libre determinación, que el Derecho Internacional legitima y
Estado español vulnera.
La fuerza de Catalunya es su identidad nacional labrada tras siglos de historia, en un proceso que se mantiene inalterable a lo largo de los siglos hasta los inicios del siglo XVIII, cuando resultado de una guerra es intervenida por una monarquía Borbónica que impone un nuevo orden en Las Españas. Hasta esta fecha la nación catalana y sus reinos asociados lideran su destino y a partir de entonces la nueva España manipula su relato histórico para ejercer su autoridad, en un proceso que se impone colectivamente en toda Europa. A lo largo del tiempo se crea una negación forzada de la catalanidad que se convierte en una fobia estructural de los poderes del Estado español.

(…)

Estas son las principales frases de la instrucción, marcada en el auto de procesamiento, que ha desbaratado el último intento de investidura en el Parlamento catalán:

Desobediencia “tozuda e incansable”

  • En los últimos 6 años, ha habido un concierto entre partidos políticos y entidades soberanistas para llevar a cabo la ejecución de un plan determinado con el objetivo de declarar la independencia de Catalunya.
  • En los últimos 9 años (desde la consulta de Arenys de Munt de 2009) el pueblo de Catalunya se ha propuesto ejercer su derecho a la libre determinación, al amparo del Derecho Internacional que impera tras la II Guerra Mundial.
  • El Parlament desobedeció al Tribunal Constitucional de manera tozuda e incansable durante dos legislaturas y cinco años.
  • El Tribunal Constitucional deslegitimó un Estatut d’Autonomia aprobado por el Parlament de Catalunya, refrendado por el pueblo catalán, aprobado por las Cortes de España y autorizado por SM el Rey, después de un recurso interpuesto por el Partido Popular, quien boicoteó la sustitución de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) tras su derrota electoral, imponiendo así una mayoría deslegitimada por el pueblo español con la intención de forzar el resultado de la sentencia a su favor. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el TC  desautorizado dictó la inconstitucionalidad de un Estatut que aclaraba la condición de nación de Catalunya, amparada en el concepto de nacionalidad que dicta la Constitución Española. El Tribunal Constitucional no está autorizado para decidir si Catalunya es o no es una nación, y este hecho provocó una reacción colectiva del pueblo catalán para defender su autoridad ante quienes la deslegitiman.
  • Los ex consellers continuaron con la permanente y obsesiva actividad para crear las denominadas estructuras de estado así como para divulgar su proyecto e impulsar el mayor apoyo que pudiera obtenerse de la comunidad internacional y de la ciudadanía.
  • El pueblo catalán emplazó a sus representantes políticos, de manera pacífica y ejemplar, a ejercer su derecho a la libre determinación.
  • El operativo llevado por los Mossos d’Esquadra ante el 1 de octubre estaba dirigido a boicotear el cumplimiento de la orden judicial por inacción.
  • El operativo llevado por los Mossos d’Esquadra ante el 1 de octubre fue ejemplar y mantuvo el orden público en todo momento, ante una situación excepcional que requería prudencia y no violencia. En su lugar, la Guardia Civil y los cuerpos policiales enviados por el Estado español ejercitaron la violencia contra dos millones de catalanes que pacífica y decididamente se organizaron voluntariamente para ejercer su derecho a la libre determinación. Mil heridos y dos millones de catalanes, junto con cientos de filmaciones que así lo corroboran, son testigos presenciales de la violencia y la agresividad de los cuerpos indicados, mientras que el Estado español se ha dedicado a negar los hechos, a manipular la información a través de los medios de comunicación que controla y condiciona, a condecorar al cuerpo policial, a tener a su servicio al cuerpo judicial y a desatender a los ciudadanos heridos. El Estado español ha dirigido así una estrategia para erigirse como víctima siendo el agresor.
  • Los miembros de la Mesa del Parlament y las entidades ANC y Òmnium asumieron la responsabilidad de favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable.
  • Los miembros de la Mesa del Parlament y las entidades ANC y Òmnium asumieron la responsabilidad de garantizar el derecho del pueblo catalán a la libre determinación y a cumplir con su voluntad por el bien de los derechos fundamentales de la humanidad y por la dignidad de los catalanes.
  • El 20 de septiembre la muchedumbre rodeó los vehículos de la Guardia Civil, que terminaron devastados y destrozados.
  • El 20 de septiembre la Guardia Civil intervino un edificio público como represalia a una decisión política, exaltando a la población (la “muchedumbre” es un adjetivo innecesario). Rápidamente, los líderes del pueblo de Catalunya que se sintió desautorizado difundieron el mensaje de responder pacíficamente a tal provocación, sin renunciar a expresar su indignación.

Una estrategia latente

  • Jordi Sànchez y Jordi Cuixart aprovecharon su notoria capacidad de movilización colectiva para impulsar a los catalanes a que el 1-O acudieran a los diferentes centros de votación e impidieran que las fuerzas policiales cumplieran su cometido.
  • Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, amparados por más de dos millones de catalanes organizados para ejercer su derecho a la libre determinación, participaron de una decisión colectiva decidida a no ejercer resistencia a las fuerzas policiales, sin renunciar a su derecho a voto por el bien de la justicia universal. El pueblo catalán mostró así su dignidad ante las amenazas del Estado español.
  • La estrategia secesionista puede continuar latente, aunque se encuentre puntualmente larvada  y trate de servirse de un relevo de sus protagonistas.
  • La estrategia unionista ha sido desautorizada definitivamente a los ojos del mundo, y sobretodo a los ojos del pueblo catalán, que, por dignidad, no olvidará ni perdonará la experiencia del 1 de octubre y se mantiene firme y convencido en ejercer su derecho internacional a la libre determinación.
  • Esta causa judicial hace frente a un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Catalunya y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno.
  • Esta causa judicial no se basa en la realidad que muestra el abuso del poder por parte del Estado español, y es ilegal porque no reconoce el derecho internacional del pueblo catalán. Por este motivo,  debe ser enjuiciada por un tribunal internacional independiente bajo la tutela de los valores democráticos universales que la humanidad debe dirigir.

Un diseño criminal nítido

  • El diseño criminal puede no haberse interrumpido con ocasión de la aplicación del artículo 155 de la Constitución aprobada por el Senado y que -cada vez con mayor nitidez- parecen estar latentes y pendientes de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas.
  • El abuso del Estado a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución aprobada por el Senado no es ninguna solución. Al contrario, es una muestra más del abuso del poder a los ojos del mundo y sobretodo del pueblo catalán. El “diseño criminal” de la voluntad catalana al que se refiere el juez Llarena es una barbaridad inadmisible que debe ser enjuiciada.
  • Los hechos del 20-S determinaron el efecto inherente a la violencia, esto es, una real restricción de la capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como acontecería en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire.
  • Los hechos del 20-S determinaron un modo de actuar inadmisible en un sistema democrático amparado por el orden internacional defendido por la Unión Europea. A partir de este momento el Estado español dirigió un operativo hostil ante el pueblo catalán, a través de todos los medios a su alcance e incluso mediante la manipulación de la realidad. Dicho comportamiento es el resultado de siglos imponiendo una catalanofobia estructural en el sentir de la identidad española promovida por las fuerzas y los poderes centralizados en el Estado español dirigido desde Madrid. La cuestión de fondo es el control del poder establecido para el control de España, por parte de quien lo ostenta, que desde el siglo XVIII mantiene una desautorización compulsiva de la nación catalana.
  • Aunque la violencia no estuviera idea desde el principio, desde luego permitió que todos los involucrados en el proceso se representan el riesgo de que futuras movilizaciones pudieran estallar con episodios de fuerte lesividad y daños en el grupo social.
  • La violencia jamás ha formado parte del sentir ni del modo de actuar del pueblo catalán, todo lo contrario que han demostrado los poderes del Estado español. Decir que tarde o contrario se producirá violencia, después de haberla ejercido el Estado, es únicamente un modo de legitimar su abuso y, a su vez, una amenaza inadmisible.

Una masa ciudadana contra el Estado

  • Impulsaron una masa ciudadana a que desbordara por la fuerza cualquier intención de contención que pudiera provenir del Estado.
  • Los líderes políticos y sociales, representantes legítimos de la voluntad del pueblo catalán, gracias a la autoridad que les está delegada y conjuntamente con la autoridad del pueblo al cual representan, han mantenido una actitud digna y firme pese a las continuas amenazas y represalias del Estado español.
  • El 20-S fue la representación del fanatismo violento de muchos de sus seguidores.
  • El 20-S y los actos sucesivos protagonizados por los poderes del Estado español ante el pueblo catalán son una representación manifiesta e incuestionable del abuso del poder que ejercen, del incumplimiento del Derecho Internacional y, en definitiva, de su deslegitimación colectiva. 
  • Se decidió utilizar el poderío de la masa para, con él, hacer frente a una actuación policial que sabían orientada a imposibilitar el referéndum.
  • El pueblo catalán defendió pacíficamente su derecho a voto pese a las amenazas del Estado español y sus fuerzas armadas, y más de dos millones de personas votaron asumiendo el riesgo de ser heridos o detenidos. Defendieron las urnas y con ello a sus derechos fundamentales.
  • Los miembros de la Mesa del Parlament tuvieron una tenaz y perseverante desatención al requerimiento que en diversas ocasiones les hizo el Tribunal Constitucional. 
  • Los miembros de la Mesa del Parlament desautorizaron los desafíos jurídicos de un Tribunal Consitucional erigido como instrumento del abuso del poder del Estado español, amparados por la voluntad popular del pueblo catalán que debe regir el correcto orden democrático de los pueblos del mundo.
  • Desde el Govern existió una relevante disposición de fondos públicos que no vino impulsada por las finalidades inherentes a las competencias que tiene encomendadas la administración autonómica, sino por el objetivo de satisfacer el interés compartido con un concreto sector de electores, pese a haber sido declarado reiteradamente inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
  • El Govern de Catalunya asumió el desafío colectivo del pueblo catalán de ejercer, pese a las amenazas, su derecho a la libre determinación ante un Estado que lo desautoriza reiteradamente. El Estado español ha impuesto un orden desigual en España, imponiendo unos poderes castellanos sobre el resto de los pueblos (que benefician a una determinada élite), resultado de un abuso de poder, que los catalanes se niegan a aceptar.
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