Carta dirigida a diez jefes de Estado, sobre la voluntad catalana y el Tratado de Utrecht

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Respuestas:
Casa Real de la Corona de España. Carta Utrecht
Gobierno de España. Carta Utrecht
Bélgica. Rey de los Belgas. Carta Utrecht
Netherlands. Departamento Asuntos Exteriores. Carta Utrecht
Netherlands. His Majesty the King. Carta Utrecht
United Kingdom. Her Majesty Elizabeth II. Carta Utrecht

(Austria, Alemania, Chequia, Francia, Portugal e Italia no responden)

Eco mediático:
Cartas al rey Felipe VI, Isabel II y Hollande para que apoyen el referéndum independentista en Cataluña – El confidencial autonómico

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CARTA DIRIGIDA A DIEZ JEFES DE ESTADO, REPRESENTANTES ACTUALES DE LOS FIRMANTES DEL TRATADO DE UTRECHT, DE 1713, CON COPIA DIRIGIDA A SU EXCELENCIA EL SR. MARIANO RAJOY, PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

A quien corresponda,

Ante el amplio deseo de la comunidad catalana de expresar su voluntad libremente, de forma pacífica y democrática, respecto a la relación que desea mantener con España, les escribo como un ciudadano europeo, a título personal, en la medida que sobre su Título ([1]) y Honor recae la autoridad de Jefes de Estado. Asimismo, conocedor del límite evidente de la repercusión de estas palabras sin un diálogo público, he decidido compartirla como una carta abierta a quien pueda estar interesado, convencido también de que no seré yo quien le empuje en su decisión, sino la tensión del pueblo y la firmeza de nuestras instituciones, de todas ellas.

INTRODUCCIÓN

Esta carta expone, en pocas palabras, la autoridad nacional de Catalunya y la dimensión internacional de su voluntad -expresada histórica, social y políticamente de forma mayoritaria- para canalizar, de forma pacífica, el cumplimiento del derecho natural de toda nación a expresar su libre determinación. Por ello, de forma argumentada, se insta a los firmantes del Tratado de Utrecht (1713) a revisar la memoria común y a asumir su responsabilidad ante una situación anómala que puede, y debe, corregirse sin más dilaciones, en la medida que los representantes políticos de media Europa autorizaron, hará ya tres siglos, el desmantelamiento institucional y nacional de Catalunya, desatendiendo su voluntad y renunciando a los compromisos adquiridos con los catalanes.

A QUIEN VA DIRIGIDA LA CARTA

La presente carta ha sido enviada a Su Majestad el rey Felipe VI de España, a Su Majestad la Reina Elisabeth II del Reino Unido y al resto de estados y monarquías herederos de la autoridad de aquellos que firmaron el Tratado de Utrecht, en 1713, al margen de la voluntad del Principado de Catalunya. Aparte de los citados completan la relación de Jefes de Estado: el Presidente de la República Francesa, François Hollande; el rey Willem-Alexander de los Países Bajos; el Presidente de la República portuguesa, Aníbal Cavaco Silva; el Presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano; el Presidente federal de la República de Austria (Republik Österreich), Heinz Fischer; el Presidente de la República Federal de Alemania (Bundesrepublik Deutschland), Joachim Gauck; el Presidente de la República checa (Česká republika), Miloš Zeman; y el rey Filip de los belgas. El conjunto del Imperio Romano Germánico era más amplio de lo aquí indicado, pero también estaba envuelto de diversas guerras y litigios, y a criterio personal se han excluido el resto de Estados que se podría entender formaban parte de él por la situación bélica de entonces. Si he cometido algún error u omisión pido disculpas avanzadas.

En la medida que le concierne, se ha enviado una copia al Excmo. Sr. Mariano Rajoy, en calidad de Presidente del Gobierno de España.

Las direcciones a las que se ha enviado la carta son:

  • Su Majestad el rey Felipe VI de España, en representación de la monarquía encabezada entonces por el rey pretendiente a la corona, Felipe V de Borbón. Dirección:

Su Majestad el rey de España
Jefe de la Casa D. Jaime Alfonsín Alfonso
CASA DE SU MAJESTAD EL REY. Palacio de La Zarzuela
Carretera del Pardo s/n, 28071 Madrid. España
http://www.casareal.es

  • El Presidente de la República Francesa, François Hollande, en representación de la monarquía francesa encabezada entonces por el rey Louis XIV. Dirección:

Le Président de la République française, François Hollande
Présidence de la République
55 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris. France
http://www.elysee.fr

  • Su Majestad la reina Elizabeth II del Reino Unido, en representación de la monarquía de la Gran Bretaña e Irlanda encabezada entonces por la reina Anne. Dirección:

Her Majesty The Queen
Buckingham Palace
London SW1A 1AA. United Kingdom
http://www.royal.gov.uk

  • Su Majestad el rey Willem-Alexander de los Países Bajos, en representación del Estado independiente (una república) formado entonces por siete provincias del norte de los Países Bajos, conocido como las Provincias Unidas. Dirección:

Z.M. Koning Willem-Alexander
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag. Netherlands
http://www.koninklijkhuis.nl

  • El Presidente de la República portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, en representación de la monarquía portuguesa encabezada entonces por el rey Joäo V. Dirección:

Presidente da República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva
Palácio de Belém
Calçada da Ajuda
1349-022 Lisboa. Portugal
Email: belem@presidencia.pt
http://www.presidencia.pt

  • El Presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano, en representación del entonces duque de Saboya Vittorio Amedeo II. Dirección:

Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano
Presidenza della Repubblica
Palazzo del Quirinale
00187 Roma – Piazza del Quirinale-. Italia
http://www.quirinale.it

Los tratados de Rastatt y de Baden, ambos de 1714, vinculados al Tratado de Utrecht citado, fueron firmados también por el entonces emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos VI, pretendiente también a la Corona de las Españas. Por este motivo, se ha dirigido también esta carta a los jefes de estado de Austria, Alemania, Chequia y Bélgica. Concretamente a:

  • El Presidente federal de la República de Austria (Republik Österreich), Heinz Fischer, en representación (compartida con el Presidente de la República Federal de Alemania, con el Presidente de la República Checa y con el rey Filip de los belgas) del entonces emperador Carlos VI de Austria. Dirección:

Herrn Bundespräsident Dr. Heinz Fischer
Präsidentschaftskanzlei
Hofburg, Leopoldinischer Trakt
Ballhausplatz
A-1010 Wien. Österreich
Email: heinz.fischer@hofburg.at
http://www.bundespraesident.at

  • El Presidente de la República Federal de Alemania (Bundesrepublik Deutschland), Joachim Gauck, en representación (compartida con el Presidente de la República de Austria, con el Presidente de la República Checa y con el rey Filip de los belgas) del entonces emperador Carlos VI de Austria. Dirección:

Der Bundespräsident Joachim Gauck
Bundespräsidialamt
Spreeweg 1
10557 Berlin. Deutschland
Email: bundespraesidialamt@bpra.bund.de
http://www.bundespraesident.de

  • El Presidente de la República checa (Česká republika), Miloš Zeman, en representación (compartida con el Presidente de la República Federal de Alemania, con el Presidente de la República de Austria y con el rey Filip de los belgas) del entonces emperador Carlos VI de Austria. Dirección:

Miloš Zeman, prezident České republiky
Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1. Česko
Email: info@zemanmilos.cz
http://www.zemanmilos.cz

  • Su Majestad el rey Filip de los belgas, en representación (compartida con el Presidente de la República Federal de Alemania, con el Presidente de la República de Austria y con el Presidente de la República checa) del entonces emperador Carlos VI de Austria. Dirección:

Aan Zijne Majesteit de Koning Filip
Koninklijk Paleis
Brederodestraat 16
1000 Brussel. België

Asimismo, se envía una copia al Excmo. Sr. Mariano Rajoy, en calidad de Presidente del Gobierno de España. Dirección:

Presidente del Gobierno de España
Excmo. Don Mariano Rajoy
Complejo de La Moncloa
Avda. Puerta de Hierro s/n
28071 Madrid. España
http://www.lamoncloa.gob.es

Este mensaje es extensible a los principales responsables del origen de la anomalía histórica del orden constituido en el Estado español resultado de la suma de los tratados de los Pirineos, de Rijswijk y de Utrecht, así como de los Decretos de Nueva Planta.

ANTECEDENTES

El Gobierno de España estima que Catalunya no tiene derecho a ejercer ningún referéndum o consulta de ningún tipo, dirigida a su sociedad, que cuestione su pertenencia -o la naturaleza de la misma- al Estado español. La argumentación principal que manifiesta es el Artículo 2 de la Constitución Española, que define la indisoluble unidad de la Nación española, pese a que el mismo artículo reconoce la existencia de demás nacionalidades y, por lo tanto, se trata de un texto claramente ambiguo respecto la cuestión nacional. ([2]) Por otro lado, basándose en una controvertida Sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010, niega la consideración de Nación a Catalunya. Dicha consideración es de gran transcendencia, en la medida que de ser o no ser nación el derecho que ahora se niega puede ser claramente cuestionado. Y, por último -en relación con la afirmación anterior- esquiva el significado del Artículo 10 de la misma Constitución, en la que se indica que Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Este Artículo es de suma importancia, ya que es el mismo precepto constitucional que permite que España sea reconocida internacionalmente y la vía legal que -de ser considerada Catalunya una nación- permitiría, del modo en que la sociedad y el parlamento catalanes lo han solicitado, un referéndum de autodeterminación vinculante por legítimo derecho. La Constitución, asimismo, en su artículo 56.1, reconoce la naturaleza de las naciones de su comunidad histórica, refiriéndose a las antiguas colonias que lograron su independencia a lo largo de los últimos siglos, y, por lo tanto, distorsiona la realidad evitando hacer cualquier referencia digna a la existencia de las propias naciones integradas en el actual Estado español. De hecho, niega su propia memoria histórica, bajo la pasividad de Europa.

El 29 de Septiembre de 2014, el Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar y temporal la convocatoria de la consulta no referendaria aprobada en el DECRET 129/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur de Catalunya, por parte del Parlamento de Catalunya, por mandato popular. El Gobierno de España considera que es inconstitucional, tras haber consultado al Consejo de Estado, y ha recurrido al Tribunal Constitucional para conseguir su suspensión. El fondo de la cuestión es evidente, es un proceso invariable para impedir que el pueblo de Catalunya delibere democráticamente sobre su libre determinación. La emergencia de la implicación internacional es evidente.

Del mismo modo, Europa, la Unión Europea y los diferentes estados que la integran, se mantienen al margen de una situación que les afecta, descuidando su responsabilidad histórica y dando valor a la negación del derecho del pueblo catalán a expresar su voluntad respecto a su libre determinación, en un contexto democrático y en un marco político y económico donde toda Europa está (o debería estarlo) más unida que nunca lo ha estado antes a lo largo de su larga Historia. Me refiero, de forma explícita, al Tratado de Utrecht.

ARGUMENTO

En calidad de ciudadano europeo conocedor de sus derechos legales y de la legitimidad -histórica y moral- de la Nación catalana, les transmito lo siguiente:

Para evitar el abuso de autoridad manifiesto tras años sin escuchar el abierto y evidente pulso social catalán, en un Tribunal (Constitucional) que no representa a partes iguales los intereses de Catalunya ante el resto de España y tampoco representa la responsabilidad de la construcción de la actual Europa, deseo exponer a partir del análisis de dos puntos determinantes los motivos a los cuales -considero- deberían atender, ambos expresión de la legitimidad histórica de Catalunya que España -y Europa- se resisten a reponer.

En primer lugar, Catalunya es una Nación, lo indica su historia, su lengua, su cultura y la memoria de la sociedad catalana; y la Constitución Española ni lo niega ni está autorizada para hacerlo, del mismo modo que tampoco está autorizado a hacerlo el Tribunal Constitucional. Conviene recordar que dicha identidad ha perdurado desde el desenlace de la Guerra de Sucesión Española, el 1715. Sirva de recordatorio lo expuesto en las “Constitutions y Altres Drets de Cathalunya” de las Cortes de Barcelona de 1701, firmadas por Felipe V de Borbón, que compilaba una tradición de siete siglos de independencia y desarrollo del derecho consuetudinario catalán. En ellas se dejó escrita la siguiente afirmación:

“Catalunya es el estado político formado, dentro de la Confederación, por los catalanes del Principado y de los condados del Rosellón y de la Cerdanya. El Principado de Catalunya es libre e independiente”.

Del mismo modo, en las mismas Constituciones se definía el concepto de Nación catalana, que se extendía a todos los territorios de habla catalana, en una época donde el catalán también era la lengua preferente, oficial y popular, en el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca, la Cerdanya y el Rosselló.

En segundo lugar, el año 2006 el Parlamento de Catalunya -elegido democráticamente- ha declarado de forma ampliamente mayoritaria, a través de su Estatuto de Autonomía, que es una Nación. De este modo se expresa que el concepto de Nación ha evolucionado, a lo largo de los últimos tres siglos, pero se ha mantenido en la conciencia nacional catalana del pueblo de Catalunya. En el texto del Estatuto mencionado se especifica que el concepto de “nacionalidad” que le atribuye el Artículo 2 de la Constitución Española reconoce la realidad nacional de Catalunya. Es decir, que la Constitución, en el caso de Catalunya, reconoce su consideración de Nación. Como colofón, es preciso recordar que el pueblo de Catalunya, en un referéndum vinculante apoyado por Su Majestad el Rey el mismo año 2006, aprobó, con un 73,9% de votos a favor, el Estatuto de Autonomía aprobado en el Parlamento de Catalunya el mismo año.

Respecto al primer punto

Ante la reiterada negación de la realidad nacional catalana, tanto la presente como la histórica, es conveniente exponer el origen de los hechos que cambiaron de forma hostil las relaciones de Catalunya dentro del concepto de España, y que fueron la causa de una inducida tergiversación de la Historia que ha persistido hasta la actualidad. Sería lógico que dichos detalles no fuera necesario aquí relatarlos, pero tal y como se está tratando el asunto en los medios de comunicación y en las instituciones estatales y europeas, así como en ciertos círculos intelectuales que le son afines, considero que es de crucial importancia revisar los hechos y actualizar su relevancia.

Tras años investigando e intentando comprender el sentido de la catalanofobia, la negación de los derechos de Catalunya y la fustigación a los historiadores e intelectuales catalanes que cuestionan la actual historia de España, he llegado a la conclusión de que el principal problema que impulsa a España a no evolucionar como un estado democrático es su propia narración histórica. Los historiadores han hecho de su razón de ser el arte de legitimar lo impuesto por la autoridad del poder, al margen del libre pensamiento y sin ningún tipo de autocrítica; la “Ley” de los ganadores y de los perdedores. Un relato que, dicho sea de paso, está en connivencia con las narraciones históricas equivalentes de las principales naciones vecinas de Europa.

En lo referente a la legitimidad histórica de la Nación catalana, del Principado de Catalunya y de su sociedad, me referiré a los hechos del cambio de siglo XVII-XVIII, momento en el que Europa entera se vio envuelta en guerras religiosas, de poder, de prestigio, de monarcas y de naciones, en plena revisión de los valores, del cristianismo y del autoritarismo.

El pueblo de Catalunya, en la Guerra de Sucesión Española (1705-1715), defendió la Confederación de Estados de “las Españas” y un orden más libre y equilibrado en Europa, en una época de fuertes y violentas guerras por el control colonial y donde distintos modelos de autoridad monárquica tendían a perpetuarse con mayor o menor éxito. El Rey Carlos III de Habsburgo (desde 1711 el emperador Carlos VI), junto con Su Majestad la Reina Ana de Inglaterra, Holanda, Portugal y Saboya, defendían el mismo orden, ante el absolutismo borbónico impulsado desde Francia.

La reina Anne de Inglaterra había prometido defender y garantizar las Libertades y los Privilegios de los catalanes en el Pacto de Génova de 1705, si el Principado de Catalunya se sumaba a la guerra contra los borbones, hasta entonces uno de los principales enemigos de España. En el año 1713, sin embargo, el pulso colonial, la reciente coronación como emperador del archiduque Carlos y el coste de la guerra habían modificado el escenario. Europa se sentó en Utrecht para negociar, sin Catalunya, y sus libertades y privilegios fueron dejados a la suerte de los asistentes, donde cada cual defendió sus propios intereses.

El conde, rey y emperador Carlos abandonó Barcelona y tomó la decisión de garantizar y atender la evolución del proceso de paz iniciado en los congresos de Utrecht, estando en una posición desventajosa, pero el enfrentamiento con las tropas borbónicas seguía en pie. Ante las amenazas e incertezas que dicha negociación entrañaba, Catalunya tomó la decisión de mantener firme su posición y sus armas en defensa de su legitimidad. Dignificó la decisión del monarca que reconocía como legítimo, pero no renunció a defender sus Derechos y Privilegios ante la desigual fuerza que la dejaba prácticamente sola ante los borbones franceses y castellanos reforzados con aquellos pactos, con la convicción de la autoridad moral de su causa y situación. Da constancia de ello la respuesta que los representantes del Principado de Catalunya -el Consejo de Ciento, la Diputación y el Brazo Militar, conocidos como los Brazos de Catalunya o los Tres Comunes- tramitaron a Carlos III de Habsburgo. Decía:

 “(…) Sería muy difícil defender las partes separadas del conjunto de España, y lograr el objetivo que se buscaba cuando se declaró la guerra, el cual era de restablecer la tranquilidad de Europa, impidiendo que se unieran las dos monarquías de Francia y España, lo que sus predecesores reales tanto procuraron evitar mediante unas renuncias que Francia ahora se quiere negar a respetar, por lo que todavía siguen existiendo los motivos para proseguir la guerra, y una paz que transfiere el conjunto de España en la casa real de Francia sólo se puede considerar como un motivo para una nueva guerra: porque esto proveería Francia de los medios necesarios para impulsar la marcha de sus armas y para conseguir sus designios formulados en el transcurso del tiempo contra la augusta casa de Austria, sus países hereditarios, el Imperio y Europa.”

Más adelante añadían:

 “Señor, suplicamos a Vuestra Majestad Católica, con todo nuestro más profundo respeto, que os plazca de persistir en tan importante y necesaria resolución tomada por vos para que, por la fuerza de las armas, España se mantenga y se establezca bajo el dominio de Vuestra Majestad: y si los hados se pronuncian de otra manera por las decisiones de un tratado de paz, y, si los dominios de esta monarquía deben ser divididos, rogamos bien respetuosamente a Vuestra Majestad que proteja, con todo su poder, Catalunya y las provincias adyacentes, de tal modo que, si no se pueden salvar con todo el conjunto de la monarquía, puedan al menos mantenerse por separado.”

Y concluía la carta con la siguiente declaración de principios:

 “Ofrecemos a Vuestra Majestad todas las fuerzas de Catalunya, nuestros bienes y nuestras vidas para llevar a cabo los designios de Vuestra Sagrada Majestad imperial y católica en favor de nuestra soberana, la serenísima emperatriz: pues nos consideramos obligados a hacerlo por razón de nuestro deber para con Dios y para con su majestad, por la seguridad y tranquilidad de Europa, la libertad de España y la liberación de la nación catalana.” (1712) ([3])

Paralelamente, mientras Catalunya exponía su firme compromiso con su causa, el conde de Strafford comunicó a los diputados de los Brazos, en diciembre de 1712, la forma de un proyecto de paz dirigido al Emperador que decía:

 “Si Su Majestad imperial consiente a mantenerse neutral en Italia y evacuar Catalunya, el rey Felipe, a instancias de la reina, otorgará un pleno y ancho olvido y perdón a los catalanes, acompañado de la conservación de sus antiguos derechos y privilegios; si no es así, deberán exponerse a ser sacrificados por las tropas de Francia y de España.” (1712) ([4])

Catalunya mantuvo la esperanza de su victoria hasta el último día, convencida de que la legitimidad y la dignidad de su causa vencería, pero los hechos labraron otro camino. Ni el emperador Carlos ni sus aliados europeos atendieron la voluntad de los catalanes, y sentenciaron su dimensión estatal, comprometiendo en gran medida incluso su dimensión nacional labrada después de siete siglos de tradición y libertad. No son palabras gratuitas, el Tratado de Utrecht (1713) es el documento inequívoco que corrobora esta lamentable decisión.

Los estados y confederaciones europeos aliados inicialmente con los catalanes obtuvieron cuantiosas ventajas y priorizaron sus intereses coloniales y estratégicos, abandonando los catalanes a su suerte ante el ansia de autoridad perdida de los borbones. Recordatorio de los hechos:

La “Ley” que supuso la imposición de los privilegios de las habitantes de las dos Castillas a todos los habitantes del Principado de Catalunya, y que entre otras muchas cosas impulsó el fin del reconocimiento internacional y español de la Nación catalana, la estigmatización de su lengua, de su historia, de sus instituciones y de su causa, fue el Tratado de Utrecht de 13 de Julio de 1713. Fue el paso previo que permitió la imposición de los Decretos de Nueva Planta y una reestructuración político-administrativa integral para garantizar el absolutismo de la post-guerra, la desaparición de la Generalitat de Catalunya (la Diputación), del Consejo de Ciento, del Brazo militar catalán y del Tribunal de Contrafaccions. El Tribunal de Contrafaccions fue creado el 1701 en línea de la Constitución de la Observancia (1481), que establecía el sometimiento del rey a la observancia y cumplimiento de las Constituciones Catalanas, y estaba formado de manera paritaria entre los representantes del rey y los de la Conferencia de los Tres Comunes. Fue, en cierto modo, el primer Tribunal Constitucional de Europa. ([5])

Con el Tratado de Utrecht se sellaron acuerdos comerciales, donde Inglaterra obtenía Gibraltar y Menorca de la «nueva» España, también Nueva Escocia, la bahía de Hudson y Terranova de Francia; y Austria, las Provincias Unidas (Países Bajos) y la Casa de Saboya se repartían la totalidad de los territorios que la anterior «España» había acumulado en Europa, desmembrando la totalidad de la Corona de Aragón y poniéndole fin de un modo ignominioso.

Desgraciadamente, Europa acordó con Felipe V, para garantizar unos acuerdos coloniales y comerciales, que Catalunya sería asimilada al modelo de Castilla, y que desaparecerían sus instituciones, leyes y privilegios, en las negociaciones del Tratado. Detalle del Tratado de Utrecht, de 13 de Julio de 1713:

“Visto que la reina de la Gran Bretaña no cesa de instar con suma eficacia para que todos los habitantes del Principado de Catalunya (…) conserven ilesos e intactos sus antiguos privilegios, el rey Católico [Felipe V], en atención a S.M. británica, concede y confirma en el presente a cualquier habitante de Catalunya (…) todos aquellos privilegios que poseen los habitantes de las dos Castillas, que de todos los pueblos de España son los más armados del rey Católico.”

Esta grave decisión, impropia de un Tratado de Paz, fue la razón de la decisión de Cataluña de seguir la guerra tal y como anunciaban los escritos anteriores. Tras el Tratado de Utrecht Barcelona estuvo sitiada durante más de un año, sufriendo constantes bombardeos por parte de más de 40.000 soldados borbónicos; 20.000 de Felipe V de España y 20.000 de Luis XIV de Francia. Fue una guerra entre los catalanes y los borbones, con 6.800 bajas catalanas y 14.200 bajas de los reyes Borbón, que finalizó el 11 de septiembre de 1714. Barcelona resistió con la ayuda exterior de los mallorquines y el suministro de alimentos proveniente de Nápoles y Argelia. Mallorca, Eivissa y Formentera cayeron diez meses más tarde (11 de Julio de 1715). Como a información adicional, para ayudar a comprender la dimensión de estos hechos, conviene decir que tras la guerra se destruyó un 20% de la Ciudad Condal (Barcelona) para construir una ciudadela militar y durante más de un siglo no se permitió que Barcelona creciese más allá de sus murallas, levantadas en el siglo XIV (hasta 1853).

La guerra terminó con el Decreto de Nueva Planta en el Principado (1716), y este fue el origen de la actual centralización de España y de la manipulación definitiva de la Historia, comenzada dos siglos antes con la censura de la Santa Inquisición española.

Pero este episodio tenía un antecedente particular con el Principado que es preciso añadir, para comprender la causa histórica catalana en su justa medida.

Todo ello ocurrió pocos años después del Tratado de Paz de los Pirineos entre Luis XIV de Francia y Felipe IV de España (1659), en el que el norte de Catalunya se entregó a la autoridad francesa y donde Francia también obtenía Flandes y el Ducado de Luxemburgo. De hecho, desde entonces, se dividió el destino de la Nación catalana bajo la autoridad de dos reyes.

El origen de estos hechos conviene enlazarlo con la conocida guerra europea de los Treinta Años (1618-1648), que acabó en 1648 con el Tratado de Westfalia, pero que en el caso del Principado de Catalunya tuvo un episodio singular: la Guerra dels Segadors (1640-1652). Entonces la autoridad monárquica en cuestión era la de los Habsburgo -inducida por la Compañía de Jesús- y su intento de imponer el imperialismo católico ante el pulso comercial y religioso de media Europa. Estaba en juego el desafío de la reforma cristiana de Lutero, Calvino y de la monarquía inglesa, donde Francia, bajo el control del Cardenal Richelieu, puso media Europa contra ellos aprovechando el conflicto religioso en beneficio propio. El 1640 el Principado de Catalunya desafió al rey Felipe IV de Habsburgo con una alianza con Luis XIII labrada con el Cardenal, y desde 1626 mantenía un pulso con el monarca hispánico con las Cortes de Barcelona inconclusas, donde éste pedía más autoridad, recursos y poder ante unos catalanes que se negaron a ello. El abuso de las empresas monárquicas y la Santa Inquisición española habían creado gran malestar en todo el Principado y en el conjunto de la Corona de Aragón, un malestar equivalente al vivido en las Provincias Unidas (Holanda) y Portugal, que de hecho se independizaron de “las Españas” en 1648 y en 1640, respectivamente, por este motivo y por su dignidad nacional.

El Tratado de los Pirineos incluía preservar las instituciones catalanas y su gobierno en el territorio francés, pero no se cumplió, al contrario. Luis XIV siguió con el acoso a Catalunya y al resto de frentes abiertos con los Habsburgo. En 1700 prohibió el uso de la lengua catalana, cuando todo parecía indicar que España sería ocupada por su nieto Felipe de Anjou.

Entre 1673 y 1697 hubo una guerra permanente en Catalunya por el avance francés, que acabó por sitiar y ocupar Barcelona el 1697, en una guerra donde Luis XIV de Francia se enfrentó a la llamada Liga de Habsburgo, formada en 1689 por el Imperio Austríaco, Inglaterra, las Provincias Unidas de los Países Bajos (Holanda), España, Saboya y la Santa Sede. El conflicto se selló con el Tratado de Rijswijk en 1697, donde “las Españas” recuperaban Luxemburgo y Catalunya y a cambio entregaban la parte occidental de la isla de Santo Domingo a Francia (posterior Haití); el Sacro Imperio Romano Germánico recuperaba Friburgo y Breisach; Inglaterra le devolvía a su vez Nueva Escocia, al este del actual Canadá; y Estrasburgo se mantenía en Francia. Otra de las consecuencias del tratado de “paz” fue la posibilidad de Francia de acceder al trono de España tras la muerte de Carlos II, como así fue, y el conflicto empezó de nuevo con el testamento de Carlos II, el 1700.

Desde entonces España y Francia se han encargado de dignificar sus disputas y de distorsionar la memoria de Catalunya -y del conjunto de Estados de la Corona de Aragón- empobreciendo su potencial y confundiendo su propia identidad. En el caso de España es de resaltar de qué modo expone los hechos: ocultando la lucha de la Liga de Habsburgo, con el sitio de Barcelona de 1697 y el Tratado de Rijswijk, resaltando la traición de los catalanes en la Guerra dels Segadors (1640-1652) y en la Guerra de Sucesión Española (1705-1715), y negando la aportación catalana al orden político, artístico, humanístico y espiritual de la historia del Mediterráneo y de Europa. Y, sobretodo, con un relato histórico reescrito en los siglos XVIII, XIX y XX donde paulatinamente se ha forjado una historia moral y gloriosa de la España monárquica castellana, inducida desde los poderes fácticos, con el control y saqueo de las bibliotecas y archivos catalanes y de la Corona de Aragón. Por otro lado, dicha actitud se hizo extensible al resto de potencias europeas, que de algún modo u otro persistieron en su libertad tras los transcendentes acuerdos de Utrecht en los que Catalunya y la Nación catalana estuvieron marginados.

Con dichos episodios Catalunya dignificó los principios y la dignidad que han mantenido su identidad nacional hasta el siglo XXI, unos valores eminentemente humanistas y europeístas, pero sin el reconocimiento del reformado Estado monárquico español. Tres siglos después del desenlace del sitio de Barcelona de los años 1713 y 1714, dicha identidad ha labrado una oportunidad firme para restituir dichos hechos, su causa y su razón de ser, y el Estado español lo niega todo: la condición de Nación de Catalunya, su historia, su dignidad y la voluntad popular catalana. Eso sí, todavía reclama Gibraltar, en manos británicas desde el Tratado de Utrecht. Europa, en cambio, se mantiene prudente, pero se resiste a asumir la cuestión histórica catalana como un hecho que es también responsabilidad suya. Asimismo, observando los pasos trazados por el Estado español, se puede decir que esta prudencia debería ser más valiente, y dar soporte a una causa social, cultural y nacional como la catalana.

Respecto al segundo punto

El Tribunal Constitucional, en nombre del Su Majestad el Rey, en la Sentencia 31/2010 efectuada el 10 de julio de 2010 (sobre el Estatuto de Autonomía de Catalunya) negó la identidad nacional de Catalunya. Sin embargo, dicha decisión se tomó respecto una cuestión nacional donde el Tribunal no representaba a partes iguales los intereses de España y los de Catalunya. Se trata de un Tribunal definido en una Constitución Española redactada en 1978 tras una Dictadura Militar (1936-1975) y cuatro guerras civiles en España (siglos XIX y XX), que reconoce el legado del Tratado de Utrecht en la configuración unívoca -impuesta- de una sola nación, que introdujo tácitamente el Tratado de Utrecht de 1713 y que culminó con los Decretos de Nueva Planta implantados por Felipe V de Borbón. Una unidad artificial que la primera constitución española, de 1812, seguía manteniendo y lo ha seguido haciendo hasta la actualidad.

Desde mediados del siglo XX el orden internacional ha acordado su compromiso con la defensa de la paz por medios pacíficos con la creación de las Naciones Unidas (1945), una asamblea a la que España se incorporó en 1955, donde se especifica la defensa del derecho a la libre determinación de todos los pueblos (Art. 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas). ([6]) Sin embargo, en un contexto democrático, el Tribunal Constitucional español optó por imponer la “Ley” del Tratado de Utrecht para sentenciar que Catalunya no es una Nación. A causa de ello, los poderes fácticos en casi su totalidad se han lanzado a transmitir a viva voz que Catalunya ni es una Nación ni nunca lo ha sido. La llaman una región de España, faltando incluso al texto constitucional, que la define como “nacionalidad”.

Es vergonzoso y humillante que un gobierno democrático utilice la manipulación de la historia para mantener el estatus quo de una Ley que queda automáticamente deslegitimada cuando se utiliza como justificación para ir en contra de su propia naturaleza, ser causa y efecto de la voluntad popular de los pueblos. De la misma forma, es lamentable que Europa no haya dicho nada al respecto.

Sirva como recordatorio la alegación presentada por Catalunya en la asamblea constituyente de las Naciones Unidas en 1945, estando España bajo una dictadura militar. En dicha alegación se denunció el sometimiento del pueblo catalán al régimen fascista de Franco reclamando su estatus de Nación y su derecho a la libre determinación. Expresó que Catalunya ha sido una nacionalidad oprimida bajo la Monarquía, bajo la República Española y bajo Franco, ya que la opresión española persistía en su naturaleza, y dejó escrito que “ni Catalunya ni ninguna otra Nación puede esperar justicia de su propio opresor”. Como parte de la alegación se adjuntó un explícito resumen de la historia de Catalunya, entre otras cosas. ([7]) Lamentablemente, pese al gran avance para el compromiso común con la paz que supuso dicha Asamblea, la Guerra Fría iniciaba un tortuoso camino y Francisco Franco se alió con los Estados Unidos de América en su lucha particular (moral) contra el comunismo, a partir de 1953, una vez acordada la reinstauración de la Monarquía borbónica el 1948. El 1955 España pasó a formar parte de las Naciones Unidas.

La democracia instaurada a finales de los años setenta del siglo XX ha permitido, sin duda alguna, reponer parte de la dignidad y el prestigio de su identidad nacional, cultural e institucional catalanas. Pero, lamentablemente, España ha seguido otro curso, y el Estado constitucional es incapaz de dar el paso adelante necesario para labrar una memoria común consensuada por todos, un proyecto nacional que se resiste a reconocer, de forma impulsiva, su propia realidad, en pro del poder establecido. La persecución, fragmentación, estigmatización y burla de la lengua y cultura catalanas, así como la exaltación, unificación, promoción y prestigio concedido a la lengua castellana (promocionada como española), es sin duda alguna la mayor manifestación de la arrogancia cultural de este Estado y del círculo elitista que vela por él, por su poder y sus valores, tras siglos fomentando de forma autoritaria e inmoral una españolidad malentendida y perniciosa.

CONCLUSIÓN Y MENSAJE DE LA CARTA

El Tratado de Utrecht fue el resultado de un pulso bélico y diplomático que supuso un fuerte desgaste en una lucha de valores distorsionados por el colonialismo (para el control de la riqueza ajena y su explotación en beneficio propio). Pero el Tratado expone, claramente, que las naciones aliadas con el Principado obtuvieron beneficios a cambio de renunciar a fustigar a los borbones y de dejar a los catalanes a la voluntad del desautorizado rey Felipe V de Borbón. Es, desde el punto de vista expuesto, la razón de la deslegitimación de la legalidad de Catalunya que hay que reponer, ante la desmemorización de la historiografía española y la pasividad de los poderes fácticos de Europa.

El emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico (1711-1740) -conocido como Carlos III como conde de Barcelona (1706-1714), rey de Aragón y de Valencia (1706-1707 / 1714), rey de Mallorca (1706-1715) y de Cerdeña (1706-1720); y conocido como Carlos IV como rey de Sicilia (1706-1714 / 1720-1738) y de Nápoles (1706-1738) – a pesar de no renunciar al trono de España hasta 1725, evacuó sus tropas de Catalunya a partir del 30 de junio de 1713 y no defendió la voluntad catalana (al aceptar el Tratado), del mismo modo que tampoco lo hizo la monarca británica, ni ninguno de los aliados de la llamada Liga de Habsburgo que hizo frente a las pretensiones borbónicas implantadas en Castilla y el reino de Francia.

Es decir, Europa sentenció el futuro de Catalunya, entre otras cosas, con un acuerdo diplomático en el marco de una guerra internacional marcada por el pulso colonial, monárquico y humanístico de los siglos XVI-XVIII, y ahora tiene la oportunidad -y la obligación moral- de rehacer este agravio, determinante para la historia de Catalunya y para la identidad nacional catalana.

No se puede reprochar a Europa que no disponga de una información justa y honesta de la catalanidad que España ha transcrito por razones de poder forzado, pero Europa firmó el Tratado de Utrecht, y de eso sí que es consciente, especialmente el Reino Unido, que unió los parlamentos de Escocia y de Inglaterra con el Acta de Unión de 1707, durante la Guerra de Sucesión Española (1705 hasta 1715) que enmarcó el Tratado. España también reestructuró sus instituciones y puso fin a su estructura de confederación de Estados impulsada bajo el modelo de la Corona de Aragón promovida desde el Principado, pero a diferencia de Escocia esta decisión no fue pactada, fue impuesta.

Desde entonces España insiste, de forma impulsiva y autoritaria, en querer que todos pensemos que la legalidad es un acto de autoridad sin más donde la legitimidad está subordinada a ella, cuando, de hecho, por el correcto orden de los pueblos, es evidente que si no se invierte esta subordinación es inevitable que haya conflictos, y falta de autoridad a todos los niveles. En un orden democrático y social la legitimidad es, necesariamente, la causa de la legalidad, y decir lo contrario es negar la realidad, el pasado, el presente, el futuro y la dignidad humanas.

La “Ley” a la que el Gobierno de España apela es una Ley “humana” que efectivamente sirve para mantener segura la vida de la ciudadanía de los distintos pueblos de España y el Estado español. Pero la Ley, dicha Ley, cuando se utiliza como justificación para negar el derecho a proclamarse nación a la Nación catalana, cuando se utiliza como justificación para negar el derecho de la sociedad catalana a ejercer su voluntad social y cultural, cuando falta a su propia historia, se convierte en la “Esclavitud de la Ley” contra la que numerosos pueblos del mundo no pueden ejercer el derecho a expresar su voluntad. No es una Ley que sirva a la naturaleza de las culturas humanas. Es una Ley artificial que está alejada de su legitimidad cuando niega el derecho internacional de los pueblos del mundo a ejercer su libre determinación de forma pacífica.

Por lo tanto:

Media Europa acordó, tres siglos atrás, desmantelar la confederación de Estados de la Corona de Aragón y retirar los privilegios de los habitantes del Principado de Catalunya, a cambio de poner fin a una guerra internacional y obtener beneficios comerciales y posesiones coloniales. Estas negociaciones se hicieron al margen del Principado y en contra de su voluntad, en el conjunto de acuerdos conocidos como el Tratado de Utrecht, en un contexto hostil para los catalanes y dentro de un proceso de inflexión en los valores y la autoridad establecida que persistió dentro de “las Españas”.

Hoy, tres siglos después, Catalunya pide expresar de nuevo su voluntad en gran medida porque Europa se la negó, por motivos de guerra, ahora hace tres siglos, dando pié a una anómala configuración política de España y a una selección cultural interior hostil, autoritaria y nunca aceptada de buen grado. Ahora no hay motivos coloniales, monárquicos ni humanísticos que justifiquen desentenderse de ello, y en cambio hay motivos éticos, en su máxima expresión fundamental, que justifican tomar una correcta decisión sobre el “caso de los catalanes”. ([8])

Desde el año 2012 la Nación catalana ha manifestado de forma elocuente su voluntad en ejercer un referéndum pactado y tutelado por el Estado y el Orden europeo e internacional. Los pasos legales que pueden trazarse en España han llegado a su fin, tal y como indica la realidad y el análisis aquí expuesto.

Atendiendo a la responsabilidad común que los vincula a los tratados de los Pirineos, de Rijswijk y de Utrecht, ahora les corresponde a ustedes legitimar la voluntad catalana -por imperativo ético- y reponer los valores que deben permitir a toda Ley responder de forma correcta a su finalidad fundamental: un orden justo y piadoso para el gobierno de los Estados, la expresión del libre juicio sin coacciones y el pleno conocimiento de la memoria cultural humana.

Incorporen y asuman la cuestión histórica como un ejercicio de memoria común conveniente para labrar la empatía cultural necesaria para tomar la justa decisión, y tutelen, legitimen, el referéndum de autodeterminación que Catalunya les ofrece, previo debate público, abierto y honesto de todas las partes implicadas. Luego, actúen en consecuencia.

De forma especial, esta carta va dirigida a Su Majestad el rey Felipe VI de Borbón, en la medida que sus antecesores son herederos de las principales dignidades europeas que han escrito la Historia, entre ellas la dignidad catalana que le atribuye el título de conde de Barcelona.

Les corresponde, sobre las bases aquí argumentadas, dar una respuesta digna, hoy y tres siglos después, a la voluntad catalana.

Muy cordialmente,

 

Andreu Marfull-Pujadas
Barcelona, a 2014.X.01

[1] Nota: en el caso de los presidentes de república se ha sustituido el término “Títulos” por “Responsabilidad”.

[2] El Artículo 2 de la Constitución Española establece: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

[3] Nota: texto extraído del opúsculo político titulado “The deplorable history of catalans”, publicado en Londres en 1714, y editado en versión inglesa y catalana en el libro El cas dels catalans, (2012, primera edición en 1992), por Curial Edicions Catalanes, en Barcelona. Pg. 189-193.

[4] Íd. Pg. 193-195.

[5] Nota: la equiparación del Tribunal de Contrafaccions con el primer Tribunal Constitucional de Europa es una apreciación de Josep Cruanyes citada en el libro Causa catalana, apuntes y comas, (MARFULL, 2013, Ed. Omicron).

[6] Nota: la Carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco, Estados Unidos, el 26 de junio de 1945, en su artículo 1 indica: Los Propósitos de las Naciones Unidas son: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y 4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.

[7] Nota: la alegación presentada en San Francisco, con motivo de la constitución de las Naciones Unidas, fue presentada por el “Catalan National Council” (Consell Nacional de Catalunya), creado en 1940 en Londres supliendo las tareas de la Generalitat de Catalunya en Francia, ocupada por los nazis. El “Catalan National Council” se presentó en nombre de Catalunya pero se especificó que formaba parte de lo que ellos llamaron la ‘Gran Catalunya’, que englobaba también Valencia, las Islas Baleares y la Catalunya Nord (ahora en Francia), unidos por la lengua, y por la historia. El documento estuvo autorizado por las entidades formadas por exiliados catalanes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay, Venezuela, los Estados Unidos y la Gran Bretaña.

[8] Nota: referencia explícita al libro El cas dels catalans, (2012, primera edición el 1992), por Curial Edicions Catalanes, en Barcelona, que recoge los opúsculos políticos titulados “The deplorable history of catalans” y “The Case of the Catalans consider’d” , publicados en Londres el 1714, antes de la victoria de las tropas borbónicas ante el Ejército de Catalunya en Barcelona y Cardona especialmente.

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