Imagen anterior: Zonas Homogéneas (Barrios) de Ciudad Juárez. Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible de Ciudad Juárez, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) de México, de 2021.

Planes urbanos que se desvanecen

Publicado en Norte Digital MX, de Ciudad Juárez, el 16 de febrero de 2026. En línea: https://nortedigital.mx/planes-urbanos-que-se-desvanecen/ Versión PDF.

Entre discursos internacionales y carencias locales, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible 2021 y el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2040, exhiben la falta de recursos y compromiso político que arrastra a la ciudad hacia promesas incumplidas, pese a las buenas ideas.

El 23 de agosto de 2020 se anunció el inicio del proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez, del año 1984, que terminó un año después, siendo publicado el 27 de octubre de 2021. Dicho plan incluyó en su denominación el concepto de “Sostenible”, y actualizaba un plan realizado 37 años atrás. Se elaboró a través de la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT) del Programa de Mejoramiento para el ejercicio fiscal 2020, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). El Municipio de Juárez participó según un Convenio de Colaboración de fecha 3 de julio de 2020, al que también se añadió el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

El documento recogió el espíritu de la Nueva Agenda Urbana, de 2016, de las Naciones Unidas, en el marco de los Objetivos Sostenibles de la Agenda 2030, más una batería de acciones políticas impulsadas por el Gobierno federal en esta misma dirección: como el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, la Política Nacional del Suelo, de 2020, el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2020-2024 o el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024. La labor realizada, en este sentido, se alinea con el ideal de unas ciudades prósperas y sostenibles que resuelvan problemas y desafíos que, pese a un avance plausible en estrategias y visiones, tienen mucho trabajo todavía por hacer.

A través de un estudio sobre la situación del municipio juarense, que incluye la identificación de 22 áreas llamadas Zonas Homogéneas (o Barrios) de Ciudad Juárez, con características comunes, junto con un análisis del continuo urbano, que incluye sus riesgos y el cambio climático, se abordan temas como la violencia de género, la migración y la delincuencia, con los rezagos localizados de forma desigual. Es, en este sentido, un trabajo serio que se agradece, al aportar datos sensibles que demuestran que el derecho a una calidad de vida urbana no está distribuido de un modo equitativo y deja mucho que desear. Siendo el análisis urbano y territorial el objeto de estudio, centra la atención en las personas, sin olvidar el medio ambiente, la cultura y el patrimonio, o las comunidades originarias del territorio, identificadas en el municipio. A partir de este análisis, siguiendo un patrón claramente estructurado en la forma de un documento matriz que aplica para este tipo de estudios, elabora lo que denomina el diagnóstico Integrado, los objetivos y las estrategias, acompañados de su base legal, el análisis normativo de los planes urbanos, junto con propuestas de planes y proyectos para, finalmente, llegar a lo principal: establecer la instrumentación y el monitoreo, de diez años, a lo que añade los alcances y los mecanismos de gestión y gobernanza que se deberán seguir. Y lo que es principal, da en la diana de la actividad urbanística planificada: los polígonos de actuación urbanística que la ciudad requiere para dinamizar su potencial y, a su vez, resolver sus anomalías y los déficits acumulados, con instrumentos de planificación detallada que diferencien su desarrollo en extensión, de las áreas de potencial mejoramiento, o reciclamiento, que actualmente no existen en la Carta Urbana, más la necesidad de incorporar en ellos la participación ciudadana e institucional colectiva y recursos financieros para dar forma a la responsabilidad social de la administración pública. Incluyen la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos, que solamente planes de detalle resueltos como interés público -no exclusivamente privado- pueden resolver. Y, con buen criterio, indica que se deben adaptar, para este fin, las normas y el reglamento que ordena la forma de planificar y gestionar el desarrollo urbano. Pero no delimita ni pone ejemplos de cómo deberían ser dichos polígonos de actuación, solamente apunta a ellos, ni propone cómo deberán ser las normas y los reglamentos. Es decir, es un plan que habla de otro plan que se debe hacer, a futuro.

El PMDUS se convierte, de este modo, en un documento que traslada la presión al Municipio de Juárez, en apariencia justificado, pero se olvida de lo principal: Ciudad Juárez maneja muy pocos recursos técnicos y financieros para hacer realidad lo que allí se proclama. Para dar este doble salto cualitativo y cuantitativo, en la forma de capacitación y financiación, se debe contar con un compromiso entre las partes basado en el reconocimiento de la realidad, donde todas lo vean (y lo hagan) viable. Es decir, encontrar acuerdos, basados en el consenso y la acción colectiva a todos los niveles. El capital humano y profesional existe, obviamente, pero no es suficiente, como tampoco lo es esperar que de la noche a la mañana la ciudad se capacitará técnica y financieramente para abordar este desafío. Todo ser humano desea vivir en ciudades prósperas, seguras, inclusivas, por las que valga la pena vivir y trabajar, y crecer colectivamente, pero no existe, en ningún lugar del mundo, un plan viable sin valorar los recursos que requiere para darle forma, saber cómo obtenerlos y (esto es importante) tener claro su impacto y prever cómo gestionarlo.

El PMDUS da en la diana urbanística, pero no en la realidad, que parece que no llega a entender. O sí, pero la desatiende, quizás por la presión que, por otro lado, también recibe. ¿A qué me refiero? A que, en política, hay veces que se pierde de vista aquello que se tiene delante de tanto mirar en el más allá, para gobernar. Y esta situación genera presión y ocasiona la toma de decisiones equivocadas, con más voluntad que eficacia, en especial en la forma de planificar el desarrollo de las ciudades y el territorio.

El problema técnico y financiero implícito en el PMDUS se convierte, pues, en un sinsentido, que adquiere forma en el PDUS 2040 que el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) empieza entonces (el 2021) y termina -se publica definitivamente- el 14 de agosto de 2024. El PMDUS apunta muy alto, y el PDUS 2040 se queda a medio camino, si se toma de referencia el horizonte del primero. Ni el uno ni el otro llegan a la verdadera escala del urbanismo sostenible de la agenda internacional, que la SEDATU incorpora. No se dan las condiciones. El PDUS 2040 es poco más que el PDUS 2016, y sigue sin trabajar a la escala humana, ecológica y patrimonial, técnica e instrumental, que solamente un mayor compromiso político, económico y social hará posible. La fuerza implacable del capital inversor internacional, al amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), del año 2021, tampoco ayuda. La prosperidad urbana, de un modo especial en la frontera norte de México, no tiene el mismo significado según se mire con los ojos de este tratado o de la SEDATU. Si bien, paradójicamente, ambos hablan de prosperidad y ninguno de ellos aporta recursos financieros.

El PMDUS no resuelve el financiamiento necesario ni la capacitación del IMIP, que el Municipio de Juárez tampoco ha atendido, ni el Estado de Chihuahua, ni la Federación. Mientras esta situación no cambie, la ciudad seguirá sin saber qué camino seguir al margen de la actual deriva, sin cambios estructurales en términos de gobernanza y horizontes plausibles, que requieren de mucha más voluntad y recursos públicos, que lo dinamicen. Es más, pese a los evidentes y bienvenidos avances en ideas, planes y programas políticos nacionales en temas urbanos, no se ha modificado la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) de 2016, a partir de la cual impulsar un nuevo contrato social y urbanístico sin el cual es imposible crear un espacio institucional a la altura del horizonte que dibuja la SEDATU en el PMDUS de Ciudad Juárez. Es decir, mientras desde la SEDATU y la Federación se piden cambios a toda la nación, todo sigue igual. Hay voluntad, cierto, pero más que compromiso, y sobra presión. Falta una toma de conciencia real, si bien es cierto que, en cierto modo, ya se ha iniciado este proceso. ¿El camino? En temas políticos: compromiso. En económicos y sociales: visión. En urbanísticos: capacitación. La Nueva Agenda Urbana es una guía bienvenida, claro está, como también lo es el trabajo elaborado por la SEDATU, en especial sus instrucciones en lo urbanístico, pero son proyectos incompletos si lo único que han conseguido es llegar al IMIP en la forma de presión, sin capacitación técnica y financiera ni cambios legales e institucionales adecuados.