El 1 de octubre de 2017el Pueblo Catalán, consciente de su derecho natural, se organiza para celebrar un referéndum de autodeterminación, y vota. Decide dejar de formar parte de España y constituirse como una república. El Gobierno español, a su vez, envía un contingente policial para impedir la votación, y agrede a la población. Más de 1.000 víctimas que necesitan atención médica y no reciben ninguna disculpa. El 27 de octubre, el Parlamento de Catalunya aprueba el proyecto de la República Catalana, pero la presión internacional pide diálogo, consciente de no saber cómo hacer efectivo el Derecho Natural del Pueblo Catalán, y no se aplica. A partir de este momento, España impone la única ley que tiene al alcance para reprimir la voluntad catalana: la violencia de Estado y la aplicación agresiva de la ley impuesta en la Constitución Española de 1978, que incluye el derecho de conquista bajo el paradigma militar de la unidad indisoluble de España. SM el Rey Felipe VI de Borbón legitima la represión y se condecora al cuerpo policial agresor.

El Estado español pasa a la acción represora, para poner fin al anhelo de libertad catalán. Se interviene el Gobierno catalán, la policía autonómica y el sistema judicial catalán. Todos los que apoyen la causa catalana son investigados y retirados de sus cargos. Los nuevos cargos sirven a la unidad de España. Complementariamente, se crea una ley expreso para el sector empresarial con sede en Cataluña traslade sus sedes en cualquier otro lugar de España y huyen miles de empresas. Pero la represión no termina aquí. Se inicia una campaña de odio, difamación y venganza para intimidar la voz catalana, los líderes y toda la catalanidad, amenazando con la cárcel y la pérdida de los bienes a quien ose oponerse. Las primeras víctimas son los líderes del proceso que han hecho posible la votación del 1 de octubre. El presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, junto con otros políticos, huyen al exilio, y España reclama su extradición. No tiene éxito, pero aprisiona a los representantes civiles y políticos catalanes que no huyen. Son acusados ​​de formar parte de una banda criminal, sedición, rebelión y malversación de los fondos públicos. Las penas propuestas oscilan entres los 12, 25 y 74 años de prisión, según los cargos presentados por la Abogacía del Estado, la Fiscalía o VOX (partido ultra unionista que exalta el anticatalanismo, la xenofobia y la homofobia, …), respectivamente. La represión se completa iniciando instrucciones judiciales contra el resto de políticos y amenaza artistas, intelectuales y periodistas afines a la causa catalana, sin contemplaciones.

El Derecho Natural del Pueblo Catalán se expresa y España ejerce la violencia y el abuso del poder a través de la manipulación de los hechos, la amenaza, la opresión, la judicialización, la condena y la cárcel.

El pueblo catalán ha ejercido su derecho a la libre determinación, que el Derecho Internacional legitima y España vulnera. Este derecho es internacional, y por este motivo España no puede juzgar a los líderes catalanes en el exilio. España defiende una ley estatal que contradice el derecho internacional contemporáneo, que se inspira con el derecho natural de los pueblos. La ley impuesta tiene su origen en 1716, cuando se fuerza la castellanización de los poderes en España (Decreto de Nueva Planta), tras la victoria de los Borbones sobre los catalanes en la Guerra de Sucesión, en que media Europa apoya la causa catalana pero la acaba abandonando con motivo de las negociaciones del Tratado de Utrecht, en la que se reparten los derechos coloniales entre las principales potencias. Desde entonces, el Estado español ha impuesto un orden desigual en España, imponiendo unos poderes castellanos sobre el resto de los pueblos (que benefician a una determinada élite), resultado de un abuso de poder, que los catalanes se niegan a aceptar. Son tres siglos de discriminación; de hostilidad cultural (manipulación de la historia); y de prohibición, persecución y restricción de la lengua catalana.

En 1714, los catalanes defienden sus libertades y privilegios, después de siete siglos de autogobierno con el estatus de nación, con su propia lengua, leyes, instituciones y moneda. El libro The Deplorable History of the Catalans, From their fist Engaging in the WAR, to the Time of their Reduction (Baker, London, 1714), muestra cómo mantienen la lucha, a pesar del abandono del apoyo de las grandes potencias a la causa catalana, derivado del Tratado de Utrecht (1713), por la defensa de las libertades de España y de Europa. Los catalanes pierden la guerra, pero recuerdan esta fecha (11 de septiembre de 1714) y hoy en día es cuando se celebra la fiesta nacional catalana.

Después de dos siglos y medio de represión, el pueblo catalán recupera las libertades y proclama la república catalana dentro de la república española (4 de octubre de 1934), pero es reprimido por la extrema derecha española fascista, y su gobierno encarcelado. Con la derrota republicana de la Guerra Civil Española (1936-1939), y con el gobierno catalán en el exilio, el pueblo catalán se organiza y presenta una Apelación a las Naciones Unidas cuando ésta delibera su carta fundacional, en abril de 1945. Los catalanes denuncian su sometimiento a un régimen fascista y reclaman la condición de nación sometida, mientras defienden el derecho al autogobierno de los catalanes, el del resto de pueblos ibéricos y el del resto del mundo.

En 1978 se aprueba la Constitución Española y se da un paso significativo pero insuficiente en la conciliación de las naciones de España, pero se mantiene la superioridad de la lengua castellana y la centralidad de los poderes en Madrid, sin poder juzgar los crímenes del franquismo, que se mantiene en el poder político, económico, judicial, militar, eclesiástico y monárquico. Es decir, se mantiene el derecho de conquista. En 2006, el Parlamento de Cataluña aprueba el proyecto de autonomía que aspira a su reconocimiento nacional y a ampliar sus competencias, pero el Estado español reniega de las aspiraciones catalanas y empieza un proceso hostil que acaba conduciendo a los hechos del 1 de octubre de 2017 y al encarcelamiento de los representantes catalanes, reprimidos por enésima vez por el poder unionista español. Resurge de nuevo la hostilidad y la censura a la catalanidad y Europa, nuevamente, abandona a los catalanes a la merced de SM el Rey.

CRONOLOGÍA DEL PROCESO

2006 – El Parlamento de Cataluña, el Congreso y SM el Rey aprueban la modificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el marco de la Constitución Española. Este Estatuto proclama que Cataluña es una nación; consolida la autonomía catalana dentro de España; y sitúa al catalán como lengua preferente de la Administración pública en Cataluña.

2006 – El Partido Popular traslada al Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del Estatuto de Autonomía, en una campaña que se inicia en 2004.

2009 – Después de tres años de deliberaciones del Tribunal Constitucional, la sociedad catalana se exclama. El municipio de Arenys de Munt (Barcelona) organiza una consulta popular sobre el derecho a la autodeterminación de los catalanes, en una iniciativa que se extiende al resto de municipios entre los años 2009 y 2011.

2010 – Después de cuatro años de deliberaciones, el Tribunal Constitucional sentencia que el Estatuto de Autonomía es inconstitucional. La votación es de 5 votos a favor por 4 en contra, gracias a la mayoría de los magistrados propuestos por el PP, que mantienen de forma irregular su cargo a pesar de los seis años de presidencia del PSOE en España.

2010-2014 – Masivas manifestaciones del pueblo catalán, que emplaza a sus representantes, de manera pacífica y ejemplar, a ejercer su derecho a la libre determinación. El Gobierno español se niega a negociar. El PP recupera el gobierno de España y emerge de nuevo el patriotismo español nacional-católico de tiempos del general Franco (neofascismo de ultraderecha).

9 de noviembre de 2014 – Consulta popular sobre el derecho de los catalanes a ser un nuevo Estado de Europa. Gana el sí. Comienza la persecución judicial contra los representantes catalanes a favor del referéndum, y se impone la censura mediática.

2015-2017 – Se mantienen las grandes manifestaciones, en las que una amplia mayoría de los catalanes reclaman ejercer el derecho a la libre determinación. Los miembros de la Mesa del Parlamento catalán y las entidades ANC y Òmnium asumen la responsabilidad de garantizar el derecho del pueblo catalán a la libre determinación y a cumplir con su voluntad, por el bien de los derechos fundamentales de la humanidad y por la dignidad de los catalanes. El Gobierno emplaza al Parlamento de Cataluña a echarse atrás y niega cualquier negociación. La Unión Europea no se pronuncia de forma clara.

 0 de septiembre de 2017 – El Gobierno español interviene parte del Gobierno de la Generalitat de Catalunya como represalia por la determinación del Parlamento catalán para celebrar el referéndum el día 1 de octubre. La sociedad catalana sale indignada a la calle y los líderes catalanes defienden la libre indignación pacífica. Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium), amparados por más de dos millones de catalanes organizados para ejercer el derecho a la libre determinación, participan de una decisión colectiva decidida a no ejercer resistencia a las fuerzas policiales, sin renunciar a su derecho a voto por el bien de la justicia universal.

1 de octubre de 2017 – El pueblo catalán se organiza para realizar un referéndum vinculante, vota y gana el sí a la independencia. El pueblo catalán defiende pacíficamente su derecho a voto a pesar de las amenazas de España y sus fuerzas armadas, y más de dos millones de personas votan asumiendo el riesgo de ser heridos o detenidos. Defienden las urnas y sus derechos fundamentales. El operativo dirigido por los Mossos de Esquadra (policía catalana) es ejemplar y mantiene el orden público, instando a la prudencia y evitando la violencia. Asimismo, el Gobierno español envía un contingente extraordinario de policías y guardias civiles a Cataluña para evitar la votación, ejerciendo la violencia. Más de mil votantes son heridos y atendidos por los servicios médicos, y el Gobierno de España condecora a las fuerzas agresoras. La censura mediática se radicaliza y se convierte en política y judicial, para ahogar al catalanismo, y atenta contra la democracia.

27 de octubre de 2017 – La mayoría del Parlamento de Cataluña aprueba la República Catalana, e insta al diálogo y a la mediación de la Unión Europea. La UE desoye la demanda catalana, y España intensifica la persecución judicial contra el proceso de independencia, en medio de una campaña generalizada de difamación mediática. El presidente Carles Puigdemont y otros políticos huyen al exilio, otros no, pero todos son condenados y acusados de ser unos criminales y organizar un golpe de estado. Paralelamente, España interviene la totalidad del Gobierno catalán, haciendo un uso unilateral e irregular del Artículo 155 de la Constitución Española, y convoca nuevas elecciones en Cataluña.

21 de diciembre de 2017 – Elecciones al Parlamento de Cataluña con los representantes catalanes encarcelados y/o amenazados. Vuelve a ganar la mayoría independentista. Los líderes políticos y sociales, representantes legítimos de la voluntad del pueblo catalán, gracias a la autoridad que les está delegada y con la autoridad del pueblo al que representan, mantienen una actitud digna y firme a pesar de las continuas amenazas y represalias de la Estado español.

14 de febrero de 2019 – Tras meses de persecuciones, amenazas y detenciones, se inicia el juicio (político) al proceso secesionista catalán, desafiando al orden democrático nacional e internacional. El día 14 de febrero de 2019 comienza el juicio a la causa catalana. Se juzga a un pueblo por haber ejercido su derecho a la libre determinación, por voluntad propia y con medios pacíficos. Se juzga a penas de 12 a 74 años de prisión a: Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (representantes de la sociedad civil), y a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila (representantes políticos).

Las condenas son ejemplares, y a 2021 ya afectan hasta más de 3.000 personas.