Condenar a los catalanes abrirá el juicio al franquismo

Juzgar y condenar a los catalanes conllevará el inevitable juicio al franquismo, y todo lo que representa para la historia de España

Andreu Marfull Pujadas
3 de marzo de 2019 (revisado el día 9 de marzo)

En febrero de 2019 ha empezado el juicio a los representantes de la voz catalana que defendió, el 1 de octubre de 2017, el derecho a votar su libre determinación. Lo defendieron votando, y España envió allí al cuerpo policial para impedirlo. Ahora, tras unos meses de censura y persecución mediática y judicial, empieza el juicio con los representantes civiles y políticos entre rejas.

Este texto denuncia la imparcialidad del proceso judicial, ahonda en sus causas históricas y alerta de los desafíos que conlleva no darle solución. En su fondo, se denuncia a las consecuencias de no haber enjuiciado, previamente, al franquismo y a todo aquello que representa para España. Por este motivo se apunta a que el juicio no se resolverá en esta sentencia (en la que los catalanes serán declarados culpables), sino que deberá esperar a un juicio histórico de calado simbólico mayor, que afectará a las raíces de la conciencia histórica global.

Estas palabras van dirigidas a la atención del orden internacional, en especial de América Latina, con la mirada puesta en España y Europa. El asunto es el juicio a los representantes del pueblo catalán, quien desea expresar su libre autodeterminación ante una España que no le otorga este derecho. El motivo de este llamamiento es la falta de imparcialidad del proceso, la ausencia de un arbitrio internacional, y su impacto global. Las razones que lo fundamentan son, esencialmente, una denuncia al ilegítimo (que es legal) orden franquista intruso en los cimientos del Estado español, resultado de la anómala Ley de amnistía de 1977. Resultado de dicha Ley, tal y como aquí se narra, se ha iniciado un juicio xenófobo contra la catalanidad por razones patrióticas de la España castellana, monárquica y católica, de simbología imperialista y militar. Ante la negativa de España de enjuiciarse a sí misma, después de los desafíos vasco y catalán a su proyecto nacional ibérico, y después de haber enjuiciado y enviado a prisión a los líderes vascos en un proceso anterior (silenciado por los medios), ahora le toca el turno a los catalanes.

A modo de resumen introductorio de los casos vasco y catalán, indicar que el proceso a los vascos tuvo lugar en la primera década de los 2000, y terminó con la ilegalización de Herri Batasuna en 2003 y su líder (Arnaldo Otegi) en prisión. Luego continuó por medio del Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyo líder Juan José Ibarretxe tomó el relevo de la libertad vasca e inició un proceso político de consulta de libre determinación al pueblo vasco (años 2003-2009), de un modo similar al iniciado por los catalanes. La oposición política, judicial y eclesiástica fue radical (como lo está siendo ante los catalanes), y tras un intenso debate político terminó con el brazo armado ETA, que anunció su cese definitivo de la violencia en 2011 y su disolución definitiva en 2017. En este proceso, se ha reconstruido el proyecto político de liberación vasco, pese a no contar con la mayoría parlamentaria necesaria para tramitar un referendo, y el partido PNV ha renunciado a liderar las aspiraciones de autogobierno vasco más allá de los actuales privilegios del Régimen Foral del Reino de Navarra y el actual País Vasco, que por precepto constitucional (Disposición Adicional Primera) goza de independencia en el régimen tributario, fiscal o civil (resultado de la Ley Paccionada de 1841). Es decir, goza de un estatus económico privilegiado respecto al resto de regiones y nacionalidades españolas, derivado de su alta actividad económica y del derecho tácito de no participar solidariamente con el resto de España, que ejerce. El desafío político y pacífico catalán, democrático, aparece en la consolidación de la represión a las demandas vascas (entre los años 2006 y 2010), con la singularidad de que los catalanes no cuentan ni pretenden contar con brazo armado, ni cuentan con derechos forales. Al contrario, Cataluña y el resto de reinos históricos catalanes (Valencia y Mallorca) están sometidos a la mayor carga fiscal de España, con la excepción de Madrid, que también goza de una carga fiscal equivalente pero se beneficia de los privilegios de disponer de las sedes de las principales empresas del Estado, y de gozar del beneficio de un gobierno cuyo proyecto principal es hacer de la capital de España un centro de poder económico, que siglos de capitalidad no han desarrollado de un modo natural. Sin embargo, pese a estas incuestionables evidencias, los catalanes son tratados de terroristas e insolidarios desde múltiples espacios, por no decir sectarios, en un lenguaje equivalente al utilizado para la campaña de estigmatización contra el proceso de liberación del pueblo vasco.

El juicio a los catalanes, después de varios años de desafíos por ambas partes (de la población catalana ante el Estado y al inrevés, con desigual fuerza política, jurídica y mediática), se ha iniciado el mes de febrero de 2019. En este proceso, sin lugar a dudas, el sistema judicial español actúa como juez y parte defendiendo la unidad de España. Por otro lado, el aparato mediático estatal ha sentenciado el caso catalán ante la opinión colectiva, antes de empezar el juicio, y la sentencia es clara: son culpables. Se juzga a penas de 12 a 74 años de prisión a: Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (representantes de la sociedad civil), y a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila (representantes políticos). Paralelamente, se evita la difusión del juicio para contener la capacidad crítica de la comunidad española e internacional y, sobre todo, para silenciar la voz catalana que cuestiona a la sentencia mediática y judicial preconcebida. De este modo, se silencia, también, a la voz de las gentes y/o pueblos que cuestionan al orden establecido y se organizan para defender su libre expresión.

¿Y qué ha ocurrido, realmente, para llegar a este juicio?

Los catalanes han instado a sus representantes culturales, civiles y políticos, a ejercer su derecho a la libre determinación. Y se han organizado colectivamente para realizar un referéndum de autodeterminación para decidir si quieren seguir formando parte de España. Desean saber cómo quieren gobernarse, tras cuestionar la autoridad de un estado español que se niega a aceptar la singularidad nacional catalana y ejerce instrumentos de dominación sobre ella. Las causas de esta determinación popular son históricas. Forman parte de un proceso de tres siglos de evidencias directas, desde el momento en que se institucionalizó la superioridad castellana en los territorios de habla catalana mediante los Decretos de Nueva Planta de 1707 y 1716, pero se remontan a más atrás.

Es incuestionable la opresión que los estados francés y español han ejercido sobre el territorio de influencia catalana, que entronca con la región de Occitania, del mismo modo que es incuestionable el borrado de su historia común, desde hace más de tres siglos. Occitania y el principado de Cataluña, junto con el resto de los reinos catalanes (Valencia y Mallorca), así como el condado del Rosellón, son una entidad de origen medieval que, resultado de un pulso político y religioso, ha sido objeto de descrédito, persecución y opresión. Este desafío cultural tiene varios episodios, y ha ido acompañado del desmantelamiento previo de la autoridad de Aviñón, de la Orden de San Juan y del pueblo judío en estas tierras, así como el de las autoridades cátara y protestante, bajo el brazo católico inquisitorial, en las mismas tierras desde las cuales se expandió el modelo monástico benedictino por toda Europa Occidental (desde el monasterio de Aniana, junto a Montpellier y Aviñón), hará ya más de 1000 años.

Los reinos catalanes han mantenido su autoridad nacional, institucional, jurídica, económica y fiscal hasta el inicio del siglo XVIII. Es entonces cuando castellanos y franceses, bajo el proyecto Borbón, inician el desmantelamiento de la identidad nacional catalana imponiendo el absolutismo castellano en España

Pero, pese a todo ello, los reinos catalanes han mantenido su autoridad nacional, institucional, jurídica, económica y fiscal hasta el inicio del siglo XVIII. Es entonces cuando castellanos y franceses, bajo el proyecto Borbón, inician el desmantelamiento de la identidad nacional catalana imponiendo el absolutismo castellano en España. Este desmantelamiento es el resultado de una guerra dinástica internacional para el control de Europa (1701-1713), en la que los ingleses, los holandeses, los austríacos, los portugueses y los poderes de los Saboya acuerdan con los borbones el reparto de sus tierras y de los derechos del proyecto colonial. Con el Tratado de Utrecht, de 1713, que pone fin a esta guerra, se traza el destino de los catalanes, que son abandonados a la suerte del derecho de conquista, y el conflicto continúa en una contienda desigual entre catalanes y borbónicos. Hasta entonces los catalanes estaban al frente del pulso sucesorio al lado del resto de contendientes enfrentados a los Borbón. Los libros The Case of the Catalans y The Deplorable History of the Catalans, publicados en Londres en 1714, narran este proceso, y denuncian el abandono de los ingleses a los catalanes, después de haberlos instado a iniciar la guerra contra los Borbón bajo su protección.

1714 The Case of the Catalans BNIzquierda:
‘The deplorable history of catalans’, publicado en Londres en 1714
Derecha:
‘The Case of the Catalans considerd.’, publicado en Londres en 1714

Desde entonces, los catalanes defienden sus privilegios y libertades labrados a lo largo de los siglos, gracias a un sistema parlamentario altamente institucionalizado, que forma parte de la historia de la democracia en Europa. Pero los catalanes son derrotados, y con ello se desmantela su sistema parlamentario, así como sus derechos históricos. En su lugar, en toda España se impone una institución intrusa sin vocación parlamentaria, bajo el modelo castellano e inquisitorial, que la historiografía oficial se empeña en dignificar por activa y por pasiva. La creación del mito castellano como fundadora de España, que se ensalza entre los siglos XIX y XX, forma parte de este proceso, así como el proceso inverso que hace de la catalanidad una invención (que niega la catalanidad hasta la extenuación), en las mismas fechas.

Como resultado de la manipulación de la historia, se han creado imaginarios históricos politizados que se han transformado en las bases del anticatalanismo. A lo largo de siglos de censura dedicada a los intereses del poder, se ha reescrito, y borrado, la historia real, creando una contradicción estructural: negando y discriminando la identidad de los pueblos no castellanos, y ensalzando la superioridad de la autoridad castellana y sus derechos sobre España. Dichas afirmaciones están basadas en múltiples evidencias y contradicciones contrastadas, como lo son la existencia de la Escuela Cartográfica medieval de Mallorca (integrada políticamente al sistema político del Principado de Cataluña), así como la creación del Llibre del Consolat de Mar de 1320, el libro de derecho marítimo compilado en Valencia que tiene su origen en Barcelona casi un siglo antes, y que se convirtió en el fundamento del derecho marítimo internacional. Dichas evidencias dan fe de la singularidad catalana y de su apuesta por el poder marítimo y comercial, en una época en que el control financiero y político era de raíz judía y existía una alianza entre cristianos y musulmanes bajo la capitalidad de Constantinopla, y la autoridad del Preste Juan en toda Eurasia y el norte de África. En aquellos entonces, los catalanes formaban parte de la autoridad de la Orden de San Juan, cuando todavía no existían los ejércitos modernos que darían pie al proyecto colonial europeo. Pero las pruebas documentales que han sobrevivido a las lagunas y las contradicciones del relato histórico, en el caso de los catalanes, son múltiples. Destaca la extensa base documental del Arxiu Reial de Barcelona, transformado en el Archivo de la Corona de Aragón por orden de Felipe V de Borbón a mediados del siglo XVIII (desde 1738, el mismo año en el que se crea la Real Academia de la Historia en Madrid), después de décadas siendo intervenido y estando clausurado (y situándose hasta el siglo XIX en la sede de la Santa Inquisición). Dicho archivo, junto el resto de archivos catalanes, entre los que cabe resaltar el Arxiu Notarial y el Dietari de la Generalitat de Catalunya (este último escrito en catalán), dan fe del sistema parlamentario catalán y de su papel en el orden medieval hasta los primeros siglos de la colonización. Asimismo, fueron sometidos a la férrea censura imperante en Europa, con el brazo inquisitorial ejerciendo, a su vez, la función de destrucción documental. Basta nombrar la destrucción de los mapas anteriores al siglo XVI (cuyos ejemplares que han sobrevivido estuvieron ocultos hasta los siglos XIX y XX), así como la intensa quema de libros y el expolio de las bibliotecas de Alejandría (el archivo patriarcal), Constantinopla y Trebisonda entre esos mismos siglos, así como la intensa quema y expolio de bibliotecas que caracteriza a España en la era moderna, hasta el siglo XX (hasta la Guerra Civil de 1936-1939). De entre estos expolios, a efectos históricos relacionados con este texto, destaca el del conjunto de bibliotecas nobiliarias catalanas (y aragonesas), realizado con motivo de la Guerra de sucesión española (siendo este el origen de la Biblioteca Nacional de España, en 1712). Es decir, la Biblioteca Nacional de España con sede en Madrid tiene su origen en el motín documental de las bibliotecas de los reinos catalano-aragoneses que, por cierto, nadie ha devuelto. Ni existe, oficialmente, la documentación que informa de su procedencia específica. Pero, pese a las evidencias de múltiples intervenciones de carácter político y/o religioso (que apuntan a una manipulación sistemática), destaca un documento incuestionable que ha persistido (a duras penas) a su borrado integral: las Constitucions de Cathalunya aprobadas y defendidas en las cortes catalanas desde el siglo XII hasta 1706, teniendo sus fundamentos en el derecho consuetudinario (es decir, en las costumbres reguladas por ley) del siglo XI.

1704-1706 Dos reyes, dos Constituciones BNIzquierda:
1704, Compilación de las ‘Constitutions y Altres Drets de Cathalunya’, en virtud de las Cortes de Barcelona de 1701, firmadas por el rey Felipe V y escritas en catalán.
Derecha:
1706, Compilación de las ‘Constituciones, Capítulos y actos de la Corte’, en virtud de las Cortes de Barcelona de 1705, firmadas por el rey Carlos III y escritas en catalán.

Asimismo, desde España se cuestiona la manipulación histórica desde los círculos institucionales, que son quienes a su vez han labrado su particular juicio histórico a los catalanes desde hace siglos. Pero el simple hecho de que nadie (o casi nadie), en España y en el seno de Cataluña, conozca y entienda el sentido de la denominación del Principado de Cataluña, por no decir su sistema parlamentario y los privilegios y libertades de los catalanes labrados en sus Constituciones, es una señal de esta deliberada manipulación. En su lugar, se ha difundido el imaginario de la inexistencia de la singularidad catalana, se evita cualquier referencia a los documentos históricos mencionados en todos los libros de historia oficiales de la educación básica, y se ensalza la unión de las coronas de Castilla y Aragón sin mencionar a su incuestionable catalanidad. Por otro lado, en ningún lugar se informa que la unión entre el Rey de Aragón y el Conde de Barcelona fue una entrega del primero al segundo, que desde entonces es tratado como Rey y Príncipe de los aragoneses.

1137 Comunicado de Ramiro de Aragon a sus subditos de la donacion de la hija y del reino al conde de Barcelona BNDonació del regne i la filla de Ramir II1137, Comunicado del Rey Ramiro de Aragón a sus súbditos de la donación de su hija y de su reino al conde Ramon Berenguer de Barcelona. Localización del documento y fuente de la imagen: Archivo Real de Barcelona, http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/exposiciones-virtuales/expo-patronato/exposicion/archivo-historia/historia-general.html (consulta 18 Jul. 2016)

Sin lugar a dudas, la manipulación histórica ha sido, en este caso (y en el resto de casos equivalentes), el juicio primordial que todo poder intruso ejerce al vencido. Del mismo modo, se ha creado otro relato manipulado, con más radicalidad (fanática), respecto a los pueblos árabe y judío peninsulares que, dicho sea de paso, forman parte de la catalanidad y conviven con el pueblo cristiano (en los reinos catalanes), desde sus inicios fundacionales, como convivió con ellos el gnosticismo cátaro y su cosmovisión de Dios.

La manipulación de la historia de España es el juicio primordial que la autoridad castellana ha ejercitado sobre el resto de identidades, culturas y espiritualidades

El grado de manipulación documental, en la producción de libros y en los propios archivos reales (y papales), en este sentido, apunta a ser mayúsculo. Existen pruebas de una manipulación histórica y cronológica de la historia, por razones simbólicas, de alcance internacional, que afecta al propio relato bíblico del pueblo de Israel y su relación con el Egipto faraónico. Sin ir más lejos, en el siglo XVI, el papa Alessandro Farnese (Paulo III), hermano de Giulia Farnese, la amante del papa Roderic Borja (Alejandro VI), y papa fundador de la Compañía de Jesús, entrega al emperador Carlos V el árbol genealógico del príncipe Felipe (futuro rey Felipe II), haciéndolo descendiente directo de Osiris, entendido como nieto de Noé y padre de Horus, llamado también Hércules egipcio (fuente: La Vanguardia). Según se indica, ya existía otro árbol similar dedicado a los Reyes Católicos realizado  por Giovanni Nanni en tiempos del papa Roderic Borja (1). Desde entonces (s. XVI) abundan asombrosos orígenes bíblicos de los reyes de España, que se difunden hasta el siglo XIX (obras hechas por jesuitas) y, desde entonces (s. XIX), son desechados, coincidiendo con el culto renovado de la arqueología egipcia. Es decir, la propia Compañía de Jesús, quien lideró la reconstrucción de la historia de Europa y medio mundo entre los siglos XVI y XVIII, ha tendido a crear y repensar el pasado y el de los orígenes sagrados de los reyes y emperadores cristianos, en una etapa oscura de la historia marcada por la persecución y la quema de libros de manos de la Santa Inquisición. A modo de complemento informativo, relacionado con la cuestión catalano-española que centra este texto, véase la información relativa al vínculo estrecho entre los catalanes y la Orden del Templo de Salomón, así como con el origen de la Compañía de Jesús, que incluye el cuestionamiento de la identidad de los conquistadores Colón y Cortés, en este enlace, así como sus enlaces relacionados en el final del texto. En ellos se informa de documentos y evidencias que narran otro contexto en los primeros pasos de la colonización. (2)

Sea cual fuere el alcance del revisionismo histórico que se desarrolla en Europa en los últimos siglos (al margen del rigor científico), la cuestión es que el caso de la historia de los catalanes es un episodio que Europa ha tendido a descuidar. Por múltiples razones, en el largo y doloroso proceso de formulación de sus estados, y de su difícil convivencia, a medida que se ha ido imponiendo el ejercicio del poder, esta historia reconstruida ha sido dirigida por los intereses de una España de esencia castellana. Asimismo, por lo general, con el paso del tiempo se ha normalizado un orden político, económico y sociocultural que ha sido capaz de consolidar una historia común, como ha ocurrido en Francia gracias a todo lo que representa la Revolución de 1789, o en Inglaterra con su epopeya colonial abierta al desarrollo del comercio, entre los siglos XVIII y XX. Pero en el caso de España este proceso todavía no se ha materializado. La cuestión de la historia ha sido hostigada con dos evidencias: 1) el fracaso de su proyecto colonial; y 2) sus innegables y numerosas rebeliones internas reprimidas por los poderes monárquico y/o militar, a lo largo de los siglos XIX y XX, con mayor o menor colaboración de la iglesia. Es en esta etapa cuando surge el patriotismo español peninsular, que se enfrenta al resurgir paralelo de la catalanidad, en una etapa en la que la catalanidad (junto con la identidad vasca) renueva su estatus económico y reclama la reparación de la opresión simbólica, cultural e institucional ejercida por parte de los poderes fácticos de la monarquía Borbón. Este proceso se mantiene inalterable hasta el siglo XXI, debido a la resistencia de la catalanidad a desaparecer, y a sus deseos de ser tratada con respeto, por no decir por su derecho a recuperar su identidad, es decir su historia y su dinamismo sociocultural, que España niega.

Resultado de la castellanización forzada del conjunto de las naciones de la región de España, España se niega a reconocer plenamente su identidad plurinacional, del mismo modo que le ocurre a Europa

Resultado de la castellanización forzada del conjunto de las naciones de la región de España, que se inicia en el siglo XVIII y se ha mantenido hasta la constitución española de 1978, España se niega a reconocer plenamente su identidad plurinacional, del mismo modo que le ocurre a Europa. Por razones políticas, económicas, religiosas y culturales, España y el orden europeo son coautores del desmantelamiento de la identidad nacional catalana. Lo fueron en el siglo XVIII, pero también en el siglo XX. Con el nacimiento de las Naciones Unidas, Europa no reconoció la singularidad del proceso colonial castellano, y España implementó la censura y la represión en defensa de su identidad castellana, a costa del resto de nacionalidades. En este contexto, el Consell Nacional Català (representativa de setenta mil catalanes organizados en el exilio, que les dieron su apoyo) presentó una apelación a las Naciones Unidas en abril de 1945, en San Francisco, en el proceso de deliberación del derecho a reconocimiento y autogobierno de los pueblos que diseñó la Carta fundacional de dicha institución. Allí recordaron su lucha contra el fascismo y la persistencia del mismo en España, después de que éste hubiera sido vencido en el resto de Europa, y resaltaron la necesidad de reconocer los derechos históricos de los catalanes (y los del resto de nacionalidades ibéricas) para garantizar la paz, después de tres centurias de intensas hostilidades. Los catalanes reclamaron su derecho al autogobierno en el seno de una confederación de pueblos ibéricos. Por ello, se mostraron como una nación amiga bajo la ocupación fascista, pidiendo ser considerada como un caso especial en el seno de las Naciones Unidas, atendiendo a que no podía ser representada efectivamente. El mensaje fue claro, y la apelación fue registrada. Pero no hubo respuesta. Europa y las Naciones Unidas tenían otro proyecto para España, que se había aliado fuertemente con la autoridad moral del catolicismo romano.

1945 Apelación del Consejo Nacional de Cataluña en la Conferencia Constitutiva de las Naciones Unidas BN1945 “The Case of Catalonia / Apppeal to the United Nations on Behalf of Catalonia. Catalan National Council”. Apelación del Consejo Nacional de Catalunya en la Conferencia Constitutiva de las Naciones Unidas.

En esta situación anómala, la catalanidad y el republicanismo español quedaron a merced del gobierno fascista franquista, quien ejerció una profunda represión con docenas de miles de víctimas que todavía nadie ha podido dignificar, ni juzgar a sus verdugos. Transcurridos varios lustros (1936-1975), el franquismo terminó, pero la democracia empezó con la prohibición de juzgar al franquismo, de modo que se mantuvo en el poder. Se impuso la Ley de amnistía de 1977, y Europa no lo impidió. España aplazó, de este modo, su correcta reconciliación, después de haber inculcado a dos generaciones el estigma a la catalanidad y el patriotismo nacional-católico castellano como símbolo y garante de la unidad de España. Su Majestad el Rey Juan Carlos juró su cargo el 22 de noviembre de 1975 diciendo:

Juro por Dios, y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del Reino, y guardar lealtad a los principios que informan al Movimiento Nacional

El “Movimiento Nacional” es el ideal franquista (militar) y falangista (católico) radical que se alió con el fascismo nazi. De este modo, el orgullo del ejército y la iglesia españoles se mantuvo intacto, después de haber renunciado definitivamente al proyecto imperial de evangelizar (y ocupar) medio mundo bajo el derecho concedido por el representante de Dios ante su pueblo: el Papa; y bajo los brazos militar e inquisitorial. La España castellana había reconfigurado su imagen maltrecha, derrotada, y labró su nueva imagen internacional defendiendo a ultranza su unidad territorial sin renunciar a su castellanidad integral, bajo el espíritu simbólico del icono recuperado por el Caudillo (Franco): el Cid Campeador. Es decir, se inició la transición hacia la democracia, pero sin desmantelar el franquismo, que es quien ahora juzga indirectamente a la catalanidad. La Ley de amnistía de 1977 fue el resultado del juramento de la coronación del Rey. Fue la “mochila” con la que se inició la transición a un sistema democrático, y el pilar jurídico pre-constitucional que impide, desde entonces, cuestionar el orden monárquico, militar, eclesiástico y jurídico que enlaza el fascismo con quienes ahora desean condenar a quienes reclaman el reconocimiento y autogobierno catalanes.

Como resultado, pese a la apertura democrática, se ha creado una situación anómala en la convivencia de las naciones de España, debido a la singularidad monárquica y nacional-católica de la castellanidad. Otras entidades plurinacionales, como el Reino Unido, Bélgica o Suiza, a lo largo de los siglos diecinueve y veinte han tendido a aprender a convivir, respetándose mutuamente. España ha hecho pasos adelante hacia su conciliación, en el último cuarto del siglo XX, pero este proceso ha sido insuficiente. Empezó condicionado por el interés de Europa en abrir sus fronteras a España, sin consenso, sin un debate y al margen de la voluntad de la castellanidad (y al margen de la voluntad del franquismo tácito), y ha iniciado un retroceso. Esta situación, en el caso de Cataluña, se ha agravado debido al persistente trato despectivo recibido, hecho que se añade a la cuestionable administración estatal de los derechos históricos y culturales de los catalanes, así como de una incuestionable fiscalización política y económica de Cataluña, Valencia y Mallorca. Todo ello, tal y como aquí se denuncia, está relacionado con la persistencia del franquismo anticatalán en la conciencia colectiva de los españoles.

En este contexto, los representantes civiles y políticos catalanes, con el apoyo cultural e intelectual de la catalanidad, han apoyado la voluntad del pueblo catalán en los últimos años. Ellos son los representantes de un pueblo unido que defiende sus derechos fundamentales, a quien se deben. Todos ellos desean expresar su opinión y mostrar su determinación a expresarse como nación, en un orden internacional justo, en el que no haya desigualdades impuestas entre las naciones y exista el derecho al reconocimiento mutuo, para el bien común. Pero, sobre todo, en el que no exista el desprecio por razones de origen, lengua o cultura.

Se trata de un desafío a una españolidad castellana que no incorpora a la catalanidad como parte de su identidad, que no respeta su naturaleza plurinacional y ejerce la fobia y la represión al resto de naciones, con total impunidad, y que mantiene el fascismo franquista en su esencia

No se trata de un desafío a la castellanidad en Cataluña. Se trata de un desafío a una españolidad castellana que no incorpora a la catalanidad como parte de su identidad, que no respeta su naturaleza plurinacional y ejerce la fobia y la represión al resto de naciones, con total impunidad, y que mantiene el fascismo franquista en su esencia. El catalán está prohibido en las cortes de España y en el ejército español, y está ampliamente rechazado en el sistema judicial de índole estatal. Por otro lado, en el ámbito político han surgido partidos como Ciudadanos y Vox, con distinto grado de fobia contra la catalanidad asociada al fanatismo patriótico español. Ciudadanos, surgido en Cataluña, manifiesta una marcada vocación de reprimir a la catalanidad, atentando contra su lengua y su identidad histórica, y promueve el imaginario de una catalanidad fascista ante la castellanidad catalana y el resto de España. Vox representa, en cambio, la voz del resurgimiento del Movimiento Nacional. Vox tiene en el punto primero de su estatuto programático acabar con el movimiento nacional catalán; proclama su intención de desmantelar los gobiernos regionales; y manifiesta públicamente la gloria del espíritu católico que expulsó al islam de España, ahondando en la fobia contra los catalanes, contra el pueblo árabe y, en una marcada línea de ultra-derecha, la fobia contra el extranjero, en la línea del fanatismo histórico asociado a los genocidios étnicos. Mientras, a su vez,  promueve una involución de los derechos ganados por las mujeres y la homosexualidad. Entre sus miembros, como ocurre con el Partido Popular, estan las voces que reprimen la investigación de los crímenes del franquismo, miembros de la Fundación Francisco Franco (financiada por el Estado), y familiares de líderes franquistas que nadie ha podido juzgar. Vox ejerce la condición de acusación particular en el juicio actual contra los representantes catalanes, después de que el sistema judicial haya aceptado la constitucionalidad de sus acusaciones.

Pero la perseverancia del franquismo tiene otros rostros, aparte de las facetas monárquica, militar, jurídica y política. También está la voz de la iglesia. La Conferencia Episcopal Española, aliada de Franco a través del proyecto de la Falange Española ideada por José Antonio Primo de Rivera (hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, que impuso una dictadura de la mano del Rey entre los años 1923 y 1930), después de décadas de censura y represión en el seno de la iglesia española, ha seguido manteniendo su pasión por la gloria de España de forma intensa durante la democracia, manifestándose a su vez como apasionada por las gestas de las selecciones nacionales deportivas, y ensalzando el espectáculo taurino. A su vez, custodia y honora los féretros del Caudillo (Francisco Franco) y del fundador de la Falange (Primo de Rivera), en un templo extraordinario bajo la cruz más alta del mundo, de 150 metros de altura, a las afueras de Madrid, en la llamada Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (por la patria). En el Valle de los Caídos se encuentran los restos de unos 40.000 combatientes de la Guerra Civil que Franco mandó enterrar allí. En muchos casos se trata de cadáveres sustraídos de sus cementerios originales sin el consentimiento de sus familiares.

2012 Valle de los Caídos, fotografia de Jorge Díaz Bes BNEl Valle de los Caídos. Fotografía: Jorge Díaz Bes, 2012

Tal y como aquí se evidencia, la Conferencia Episcopal Española ha mantenido ejerciendo la función unitaria de la patria española en la conciencia colectiva. Pero la ejerce bajo el estigma de la pasión histórica. Debido a ello, ha puesto a insignes anticatalanes al frente de sus cargos y de su voz periodística, como Jiménez Losantos, y, desde el año 2010, ha creado 13TV, un canal televisivo donde difunde sus ideales, que se ha convertido en una voz de la fobia contra la catalanidad ensalzando la españolidad castellana. A modo de aclaración, la iglesia mantiene esta estructura mediática con las donaciones caritativas de los fieles católicos a través de la recolección en las iglesias, de la declaración de la renta de la ciudadanía española, y de sus participaciones en acciones o intereses empresariales, siendo en gran parte relacionada con el Opus Dei.

Las consecuencias de esta situación transcienden a un pulso por una identidad cultural, y forman parte de la aplicación de un derecho de ocupación histórico de carácter militar, monárquico e inquisitorial, dirigido en su origen por su majestad Felipe V de Borbón, en los inicios del siglo XVIII, que tiene su fundamento internacional en el Tratado de Utrecht de 1713. Dicho derecho ha intervenido al orden jurídico y político de forma clara, manteniendo su esencia, incluso, en el proyecto constitucional “democrático” de 1978. Es este derecho anómalo el que ahora juzga a la catalanidad, y se basa en el derecho del Gobierno de España en decidir qué pueden votar sus ciudadanos, y qué no. Está amparado por el principio de la invisibilidad de España (Artículo 2), por la supremacía de la lengua castellana (Artículo 2), y por el deber de las Fuerzas Armadas de mantener su integridad territorial y el ordenamiento constitucional (Artículo 8). El mando supremo de las Fuerzas Armadas corresponde a Su Majestad el Rey (Artículo 62, apartado H).

Ante la anómala transición a la democracia española, el pueblo catalán participó activamente del proceso de implementación del sistema democrático y social en España, iniciado desde la muerte del dictador Francisco Franco y tutelado por Europa. El balance fue, inicialmente, aparentemente positivo. Pero en el momento en que la catalanidad recuperó su dignidad, en el inicio de la década de los 2000, fue objeto de recelo. Cataluña ofreció normalizar el proceso de recuperación de su identidad y sus derechos a España, pero ésta se la negó. En su lugar, España empezó una campaña judicial contra la normalización de la catalanidad. El proceso, de forma resumido, fue el siguiente:

  • 2006 – El Parlamento de Cataluña, el Congreso (y Su Majestad el Rey) aprueban la modificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el marco de la Constitución Española. Este Estatuto proclama que Cataluña es una nación; consolida la autonomía catalana dentro de España; y sitúa al catalán como lengua preferente de la Administración pública en Cataluña.
  • 2006 – El Partido Popular traslada al Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del Estatuto de Autonomía, en una campaña que se inicia en 2004.
  • 2009 – Después de tres años de deliberaciones del Tribunal Constitucional, la sociedad catalana se exclama. El municipio de Arenys de Munt (Barcelona) organiza una consulta popular sobre el derecho a la autodeterminación de los catalanes, en una iniciativa que se extiende al resto de municipios entre los años 2009 y 2011.
  • 2010 – Después de cuatro años de deliberaciones, el Tribunal Constitucional sentencia que el Estatuto de Autonomía es inconstitucional. La votación es de 5 votos a favor por 4 en contra, gracias a la mayoría de los magistrados propuestos por el PP, que mantienen de forma irregular su cargo a pesar de los seis años de presidencia del PSOE en España.

2009 Primer municipio de Cataluña que vota por iniciativa popular sobre la autodeterminación de Cataluña BN
2009, consulta popular en Arenys de Munt. Primer municipio de Catalunya que vota por iniciativa popular no vinculante por la autodeterminación de Catalunya.

Resultado de ello, la catalanidad se reorganizó decidida y pacíficamente para defender sus derechos. Pidió ejercer su voz, su derecho a opinar. Pero ante la reiterada negación de España y el renacimiento de la hostilidad anticatalana, mostró su autoridad y se organizó con fondos y recursos propios, para votar un referéndum el día uno de octubre de 2017. Y votó, pese a una lamentable represión policial, derivada de la ausencia de carácter dialogante de la autoridad castellana. El resultado fue concluyente. Existe una mayoría de catalanes que desean dejar de formar parte de España, que es superior a la de los catalanes que desean seguir formando parte de ella. El 27 de octubre de 2017, los representantes políticos catalanes, con mayoría en el Parlamento catalán, resuelve la declaración de la República de Cataluña, conforme al resultado del referéndum del 1 de octubre.

El proceso fue el siguiente:

  • 2010-2014 – Masivas manifestaciones del pueblo catalán, que emplaza a sus representantes, de manera pacífica y ejemplar, a ejercer su derecho a la libre determinación. El Gobierno español se niega a negociar. El PP recupera el gobierno de España y emerge de nuevo el patriotismo español nacional-católico de tiempos del general Franco (neofascismo de ultra-derecha).
  • 9 de noviembre de 2014 – Consulta popular sobre el derecho de los catalanes a ser un nuevo Estado de Europa. Gana el sí. Comienza la persecución judicial contra los representantes catalanes a favor del referéndum, y se impone la censura mediática.
  • 2015-2017 – Se mantienen las grandes manifestaciones, en las que una amplia mayoría de los catalanes reclaman ejercer el derecho a la libre determinación. Los miembros de la Mesa del Parlamento catalán y las entidades ANC y Òmnium asumen la responsabilidad de garantizar el derecho del pueblo catalán a la libre determinación y a cumplir con su voluntad, por el bien de los derechos fundamentales de la humanidad y por la dignidad de los catalanes. El Gobierno emplaza al Parlamento de Cataluña a echarse atrás y niega cualquier negociación. La Unión Europea no se pronuncia de forma clara.
  • 20 de septiembre de 2017 – El Gobierno español interviene parte del Gobierno de la Generalitat de Catalunya como represalia por la determinación del Parlamento catalán para celebrar el referéndum el día 1 de octubre. La sociedad catalana sale indignada a la calle y los líderes catalanes defienden la libre indignación pacífica. Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium), amparados por más de dos millones de catalanes organizados para ejercer el derecho a la libre determinación, participan de una decisión colectiva decidida a no ejercer resistencia a las fuerzas policiales, sin renunciar a su derecho a voto por el bien de la justicia universal.
  • 1 de octubre de 2017 – El pueblo catalán se organiza para realizar un referéndum vinculante, vota y gana el Sí a la independencia. El pueblo catalán defiende pacíficamente su derecho a voto a pesar de las amenazas de España y sus fuerzas armadas, y más de dos millones de personas votan asumiendo el riesgo de ser heridos o detenidos. Defienden las urnas y sus derechos fundamentales. El operativo dirigido por los Mossos de Esquadra (policía catalana) es ejemplar y mantiene el orden público, instando a la prudencia y evitando la violencia. Asimismo, el Gobierno español envía un contingente extraordinario de policías y guardias civiles a Cataluña para evitar la votación, ejerciendo la violencia. Más de mil votantes son heridos y atendidos por los servicios médicos, y el Gobierno de España condecora a las fuerzas agresoras. La censura mediática se radicaliza y se convierte en política y judicial, para ahogar al catalanismo, y atenta contra la democracia.
  • 27 de octubre de 2017 – La mayoría del Parlamento de Cataluña aprueba la República Catalana, en una resolución pública redactada en catalán, donde a su vez se compromete a investigar la represión policial del 1 de octubre. Paralelamente, el Parlamento insta al diálogo y a la mediación de la Unión Europea. La UE desoye la demanda catalana, y España intensifica la persecución judicial contra el proceso de independencia, en medio de una campaña generalizada de difamación mediática. Paralelamente, España interviene la totalidad del Gobierno catalán, haciendo un uso unilateral e irregular del Artículo 155 de la Constitución Española, y convoca nuevas elecciones en Cataluña.
  • 21 de diciembre de 2017 – Elecciones al Parlamento de Cataluña con los representantes catalanes encarcelados y/o amenazados. Vuelve a ganar la mayoría independentista. Los líderes políticos y sociales, representantes legítimos de la voluntad del pueblo catalán, gracias a la autoridad que les está delegada y con la autoridad del pueblo al que representan, mantienen una actitud digna y firme a pesar de las continuas amenazas y represalias del Estado español.

La españolidad castellana, lejos de abrirse al diálogo, optó por acentuar la represión, imponiendo la censura mediática y atentando contra la libertad de expresión, mientras iniciaba un proceso de judicialización sin precedentes. El orden policial, jurídico y político catalán fue intervenido. Todos aquellos que no representaban al orden español fueron retirados de sus cargos. En algunos casos, ajusticiados, del mismo modo que se inició el enjuiciamiento a la voz cultural y periodística.

Tanto el gobierno español como su sistema judicial, con el apoyo de Su Majestad el Rey y la connivencia del ejército y la Conferencia Episcopal Española, así como del poder económico instrumentalizado en la política, con el control casi absoluto de los medios de comunicación, se han opuesto a dar voz a los catalanes. En su lugar, todos ellos han creado el imaginario de unos líderes catalanes que han generado alboroto popular, y que actúan en contra de la ley, ninguneando a los derechos fundamentales de los pueblos, reconocidos en el orden internacional contemporáneo acordado en la Carta de las Naciones Unidas.

La pasión castellana, resultado de un proceso de ocupación y de represión de la catalanidad, gracias a la imposibilidad de abrir un juicio histórico a su autoridad, que atenta con su identidad labrada desde los aparatos del Estado, juzga a los catalanes para, de este modo, evitar su propio juicio

La españolidad castellana, que gobierna con el brazo militar y judicial a España desde hace tres siglos, ha transformado a los representantes catalanes en los líderes de un motín, y los ha amenazado, perseguido, enjuiciado y enviado a prisión. Desde el mes de febrero del año 2019, ha iniciado un juicio contra ellos. Los acusa de organización criminal, rebelión, sedición y malversación de los fondos públicos. Y nadie acusa a la españolidad de atentar contra el pueblo y la nación a quienes ellos representan: Cataluña. La pasión castellana, resultado de un proceso de ocupación y de represión de la catalanidad, gracias a la imposibilidad de abrir un juicio histórico a su autoridad, que atenta con su identidad labrada desde los aparatos del Estado, juzga a los catalanes para, de este modo, evitar su propio juicio. Son ellos quienes, a los ojos de los catalanes, actúan como una organización criminal malversando los recursos públicos para ejercer su dominio sobre un pueblo que no los autoriza, en nombre de la sedición rebelde de un Estado impuesto que, de un modo reiterativo, tiende a alimentar la fobia ultra-nacionalista y a reprimir por la fuerza a aquellos que los desautorizan.

Europa ha pedido una solución dialogada, pero España pide penas de 12 a 74 años de cárcel contra los representantes democráticos y civiles de un pueblo organizado, tras haber creado el falso imaginario de un liderazgo populista e ilegal

Ante la ausencia de un orden internacional legitimado, conocedor de la verdadera historia de los catalanes, que defienda los derechos de los pueblos a la libre determinación, Europa ha optado por pedir a España una solución dialogada. En su lugar, sin embargo, España ha decidido juzgar a quienes considera los líderes de una rebelión, organizados como una banda criminal. Pide penas de 12 a 74 años de cárcel, contra los representantes democráticos y civiles de un pueblo organizado, tras haber creado el falso imaginario de un liderazgo populista e ilegal, negando todo ápice de diálogo y creando un juicio a priori que ya incluye la sentencia. Paralelamente, en España se ha recuperado la voz neofascista, y la anticatalanidad se ha agravado, así como el propio sistema democrático. Se ha reavivado el desmantelamiento de los pocos derechos culturales y lingüísticos de la catalanidad en Cataluña, tal y como se ha acelerado en las últimas dos décadas en Mallorca y Valencia. El pulso cultural es ahora judicial, faltando a la verdad histórica y a los derechos fundamentales de todos los pueblos.

La causa catalana no es solamente una legítima causa social, cultural y nacional. Es también una causa europea, por un orden internacional más amable, responsable, justo y equitativo. Pero es, de hecho, una causa global, en un punto crítico de la historia de la humanidad en el que la democracia se pone en duda, también en Europa.

Juzgar a los catalanes es consecuencia de la voluntad del orden español, de esencia imperial, inquisitorial y colonial, de evitar su propio juicio histórico y, con él, enjuiciar también a Europa y a todo aquello que representa para la humanidad. Pero esto no justifica permitir que se condene a los catalanes

Europa ha conseguido sobreponerse a su propia competencia interna, liderando en el siglo veintiuno las voces de la democracia, la equidad social y la sustentabilidad ambiental. En este proceso, sin embargo, Europa ha sacrificado varias culturas, internas y externas a su ámbito continental, y ha participado de un relato histórico oficial que lo ignora. En este sentido, atender el asunto catalán es una cuestión pendiente. Los catalanes son el pueblo histórico de Europa con más vigor sin ser reconocido como tal. La España castellana es responsable de ello, pero también lo es el orden internacional europeo. En cierto modo, juzgar a los catalanes es consecuencia de la voluntad del orden español, de esencia imperial, inquisitorial y colonial, de evitar su propio juicio histórico y, con él, enjuiciar también a Europa y a todo aquello que representa para la humanidad. Pero esto no justifica permitir que se condene a los catalanes.

Dar voz a los catalanes no es un delito, el delito es enjuiciar a la catalanidad y conceder la impunidad a España sin atender a la responsabilidad colectiva de los pueblos del mundo, cuya convivencia se fundamenta en el libre reconocimiento mutuo

En el caso de que Europa permita dar continuidad al juicio español contra la causa catalana, será un paso a atrás que tendrá consecuencias en la conciencia colectiva. Dar voz a los catalanes, en una Unión Europea democrática, económica y social, no es un delito. El delito es enjuiciar a la catalanidad y conceder la impunidad a España sin atender a la responsabilidad colectiva de los pueblos del mundo, cuya convivencia se fundamenta en el libre reconocimiento mutuo.

Por encima de todo, existe el derecho de los pueblos a tener representantes políticos y civiles, sin cuya autoridad se ahoga la voz de la libertad, de la democracia y de los derechos sociales (una voz que transciende el derecho a la manifestación, a la libertad de expresión y a la voluntad de expresarse a favor de la autodeterminación). Permitir este juicio y la condena o represión a la catalanidad, en el seno de la Unión Europea, tendrá consecuencias por el carácter antisocial del mismo. Pero, sobre todo, tendrá consecuencias por el hecho de tratarse de una seria amenaza para quienes representan a la democracia y la libertad necesarias para una confederación global de los pueblos. Sin esta confederación global, en la que todos los pueblos tengan voz a través de sus representantes, no será posible crear un espacio común internacional que garantice la paz universal y permita afrontar los desafíos económicos, sociales y ecológicos que la humanidad debe atender. Dar impunidad a quienes atentan contra la voz colectiva, y permitir su represión ejerciendo el abuso del poder, es dar alas a la violencia y mutilar el libre desarrollo de una conciencia global justa y responsable con el prójimo y el medio ambiente.

Por último, esta aportación adicional dirigida a la conciencia colectiva.

La mutilación de la voz social catalana no es un proceso aislado, se trata de una censura implacable que tiende a extenderse en todo el planeta y lo hace ininterrumpidamente desde hace décadas. Basta recordar los numerosos episodios de la Guerra Fría en el sudeste asiático, África y América Latina, y más recientemente la opresión de la primavera árabe asociada a los episodios de violencia mediática y militar que enfrenta Occidente con Oriente, que se ven acompañados por la revolución elitista de la extrema derecha en frentes abiertos en Europa, los Estados Unidos, Brasil y otros. El sistema judicial internacional está deslegitimado, y los medios que deberían de hablar de ello no existen. Opinar e informar implica arriesgar la existencia. En su lugar se ha creado un espacio de fragilidad en el que se ejerce la fobia, la mentira, la violencia y la impunidad, como está ocurriendo en España y como no ha dejado de ocurrir, lamentablemente y de forma intensiva, en aquellos países intervenidos por los conflictos geopolíticos y en los que se ha impuesto la ley de la impunidad criminal.

Las evidencias constatan que el clima internacional es inestable, como lo ha sido desde el momento en que desde Europa se inició la colonización. De esto no hay duda, pero existe un tabú que no permite su análisis racional. Se han levantado muros simbólicos en nombre de la ley de la historia escrita por los vencedores, que se han convertido en tabús. Son muros en la forma de relatos manipulados que crean la imagen de la justicia del más fuerte, al modo del Dios del Antiguo Testamento, que a su vez están transcritos en las tablas de la ley, de la ley de los libros sagrados y, sobre todo, en la de los derechos particulares y de las competencias de los estados. En conjunto, esta es la (ausencia de la) ley internacional. La iglesia católica, las monarquías, los órdenes militares y el conjunto de poderes dominantes, junto el orden económico y financiero transnacional, estan en competencia ante la ausencia de un orden internacional justo y éticamente responsable (la Carta de las Naciones es una gran obra, pero no es suficiente). Todos ellos han creado su propio imaginario que los legitima, y no son compatibles entre sí. Entre los productos de estas singulares leyes se encuentra la Ley de amnistía española de 1977. Por ello es una ley entrelazada con el relato simbólico, difícil de desmantelar… salvo que fracase en su autoridad, y con ello se levante el muro que protege del juicio a España, y a su historia.

Juzgar y condenar a los catalanes conllevará el inevitable juicio al franquismo, y todo lo que representa para la España castellana, para Europa y para la historiografía global. Debería formar parte de la causa de la defensa de los representantes catalanes, pero no es posible legalmente de acuerdo con el orden jurídico impuesto en España por el propio franquismo pre-constitucional (con la Ley de amnistía de 1977, que impone la amnesia histórica). Por este motivo, este juicio es solo la primera parte de otro paralelo que ya ha empezado, que tarde o temprano emitirá su sentencia final. Será un juicio a la matrix histórica (el tabú del fanatismo franquista, a quienes representa) que aquí se vislumbra.

(1) Entrevista “La asombrosa relación entre Osiris y Felipe II” realizada a la historiadora Elisabeth Garcia Marrasé, la autora de la tesis doctoral que habla de ello, y publicada el 5 de marzo de 2019. En ella se trabaja el árbol genealógico de Su Majestad el Rey Felipe II, denominada “Genealogia illustrissime Domus Austrie” y entregada por el Papa Paulo III (Alessandro Farnese, el hermano de la famosa Giulia Farnese, la amante de Roderic Borja, el Papa Alejandro VI que lideró los primeros pasos del proyecto colonial ibérico siendo Papa entre los años 1492 y 1503) al emperador Carlos V, quien lo hace llegar a su hijo Felipe II, a la edad de 12 años (1539). En dicha entrevista también se hace referencia a la existencia de otro árbol genealógico realizado con anterioridad por Giovanni Nanni, conocido por Annio de Viterbo, para los Reyes Católicos (en tiempos del Papa Alejandro VI, Borja), en donde, según parece, también se los hace descendientes de Osiris y de otros seres divinos provenientes de otras culturas.

(2) Estos últimos datos, que expuestos así pueden parecer una temeridad, dejan de serlo cuando se toma de referencia la labor de los científicos rusos A.T.Fomenko y G.V.Nosovskiy. Ver la Nueva Cronología.

 

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