La catalanofobia, una cuestión de Estado. Cataluña, el Principado de una Corona manipulada por la historiografía española

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Estas palabras no son un ataque al Estado español ni a la españolidad. Son una defensa de Cataluña y de la catalanidad que inciden en la forma y la razón de ser de la catalanofobia española.

La catalanofobia, resultado de un proceso histórico, se expresa a través de múltiples manifestaciones que, conjuntamente, fomentan el uso y el abuso de la violencia cultural que el Estado español legitima. A continuación se hace una breve síntesis de este problema, se expone su causa fundamental y se complementa con un análisis de sus consecuencias, históricas y culturales.

1. El problema: la catalanofobia

El Estado español ejerce formas de dominación contra la Lengua y Cultura Catalanas, incentivando una reacción sistemática de los instrumentos a su servicio a través de múltiples mecanismos, ya sean religiosos (mediante la Conferencia Episcopal Española y sus canales de difusión), informativos (prensa, radio y televisión), políticos, judiciales, fiscales, económicos y/o militares. Todos participan con mayor o menor peso a lo largo de la historia, pero lo hacen activa y conjuntamente en nombre de la unidad de España. De forma no reconocida, lo hacen a costa de la realidad plurinacional del Estado para servir al estatus quo dominante, con los beneficios y privilegios que ello conlleva.

Como resultado, se instaura una catalanofobia estructural en la concepción de la españolidad.

2. La causa: en 1716 se somete a la nación catalana

Desde el siglo XVIII existe una catalanofobia institucionalizada dentro de las estructuras del Estado español. Anteriormente, entre los siglos XVI y XVII, el anticatalanismo emerge en el seno del recelo de la nobleza castellana y la Santa Inquisición, que compiten por el control de los privilegios y las riquezas de un Imperio emergente, estimulado por la ambición de los monarcas y la doble moral católica y militar. Pero esta historia conviene entenderla bien.

En el contexto de la Guerra de los Ochenta Años (1568-1648), las naciones de Europa desafían la autoridad de la Iglesia y de los Monarcas. Los Catalanes lideran la resistencia a la hostilidad de los intereses coloniales, monárquicos y eclesiásticos, y desde el 1640 desafían su destino con el inicio de la llamada Guerra de los Segadores (1640-1652). Pero esta lucha global es desigual, y da como resultado respuestas desiguales. No todo el mundo sale beneficiado, y no todo se soluciona con el Tratado de Westfalia (1648), que pone fin a esta lucha del poder simbólico, provisionalmente, en Europa. Holanda, Suiza y Portugal adquieren su libertad, pero Cataluña y otros territorios no. La lucha se extiende a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII, y se intensifica con la llamada Guerra de Sucesión Española (1705-1713). El desenlace conlleva la derrota y el fin de la autoridad histórica del Principado de la Corona de Aragón, Cataluña, junto con el conjunto de reinos asociados, que son integrados en nuevas estructuras de poder. Todos ellos, con el tiempo, acaban integrando los modernos estados español, francés e italiano.

El caso de Cataluña, sin embargo, es singular, porque esta transición se realiza con un acto de ocupación política y militar, a través del Decreto de Nueva Planta, firmado el 16 de enero del año 1716. Este Decreto representa, técnica y simbólicamente, el inicio de una estrategia dirigida a la asimilación de los nuevos territorios incorporados, por parte de una nueva dinastía, iniciada con el Duque de Anjou, Felipe V de Borbón (1683-1746). El abuelo de Felipe, Luis XIV de Borbón (1638-1715), anteriormente, resultado de un Tratado (de los Pirineos, 1659), consolida la anexión de la Cataluña Norte a sus dominios, después de que sus antepasados hayan ocupado, sistemáticamente, el conjunto de condados originarios de la Occitania y la Provenza, así como los dominios ingleses de la Aquitania, a lo largo de los siglos XIII y XVII.

Pero no todo es responsabilidad de los Borbón. Media Europa participa, solidariamente, del desmantelamiento de la autoridad histórica del Principado de Cataluña.

La catalanofobia legitimada por el Estado es una consecuencia directa del mandato de un monarca Borbón que, en 1716, deshonró la Corona y el Principado que lo dignificaron, con la connivencia del conjunto de Estados que firmaron el Tratado de Utrecht y abandonaron su apoyo a los catalanes, en 1713, por razones geopolíticas y comerciales. Este episodio puso fin a la Guerra de Sucesión Española, y permitió instaurar el absolutismo en el Estado español, siguiendo la corriente ilustrada francesa, imponiendo el poder, la autoridad y las formas de gobierno castellanas, de carácter militar, dentro del Principado de Cataluña y en el resto de reinos de habla catalana de la Corona de Aragón: Valencia y Mallorca. A su vez, desde Francia, otro monarca Borbón hace lo mismo con la Cataluña Norte y el resto de territorios con una lengua común, hermanados por la historia a través de la lengua occitana y provenzal. Por razones de Estado, desde entonces, se niega la condición de nación de los territorios de habla catalana, desde la Cataluña Norte hasta Valencia, Mallorca y la franja este de Aragón, incluyendo, en segundo orden, los dominios italianos. Los reinos de Sicilia, Nápoles y Cerdeña, donde el catalán y la nobleza catalana están institucionalizados por el hecho de formar parte de la Corona de Aragón, como resultado del Tratado de Utrecht experimentan también luchas desiguales que, en el siglo XIX, acaban confluyendo en la órbita italiana de los dominios de los Saboya.

Desde entonces, los Borbones de España imponen la españolidad del castellano y los Borbones de Francia el afrancesamiento del oïl, haciendo de ello una cuestión de Estado. La Italia moderna aplica la normalización de la lengua de la toscana, o florentino, que se convierte en italiano, en perjuicio de una variada diversidad lingüística arraigada con la herencia occitana, catalana y provenzal, resultado de un proceso histórico.

Por este motivo, Cataluña y la catalanidad conmemoran la fecha en que Barcelona, ​​capital del Principado de Cataluña, capituló con motivo de un asedio desigual frente las tropas francesas y castellanas, así que media Europa (Inglaterra, Austria, Holanda, Portugal y Saboya) abandonó a los catalanes por un tratado, firmado en Utrecht, que les ofreció la paz y ventajas coloniales. La conmemoración de esta fecha, el 11 de septiembre de 1714, representa la vitalidad de la memoria de la nación catalana, y su determinación en recuperar su integridad.

3. La consecuencia (I): la manipulación deliberada de la historia de los catalanes

¿Qué era Cataluña?

Esta es una pregunta clave, y tiene una respuesta incierta. Es incierta porque la censura inquisitorial y el dominio absoluto de las publicaciones en el estado moderno español hasta el siglo XIX (y en gran medida hasta el siglo XXI) es una realidad que, por múltiples razones, invitan a pensar que la historia ha sido manipulada. Es decir, la historia real del Principado de Cataluña no tiene porque ser la que narra la historia oficial del Estado español.

Así pues, ¿qué habría sido Cataluña?

Cataluña es el Principado de la Corona de Aragón, es la tierra que origina el modelo de gobierno, y la que goza de más privilegios, del mismo modo que sucede en el conjunto de principados de Europa, comprendidos como principados cristianos dentro de un imperio simbólico que ellos controlan y al cual se deben. Varias evidencias expresan esta realidad:

1ª) Es un hecho constatado y indudable que los habitantes de Cataluña gozan del mayor grado de derechos y privilegios dentro de los dominios de la Corona de Aragón;

2ª) Es un hecho constatado e indudable que Cataluña es el Principado de la Corona de Aragón, el Estado de referencia, y que la dignidad de Príncipe de Aragón recae en los títulos de duque de Girona y de Montblanc, siendo ambos territorios del Principado;

3ª) Es un hecho constatado y no suficientemente reconocido que Cataluña lidera y acumula la autoridad de la Orden del Templo de Salomón y posteriormente de la Orden de San Juan dentro de los territorios de la Corona de Aragón y del conjunto de Reinos de la península Ibérica, hasta el siglo XVIII, estableciendo un vínculo nobiliario y religioso con la autoridad de un imperio, simbólico, originario de la Edad Media;

4ª) Es un hecho constatado y no suficientemente reconocido que el archivo de referencia de la historia de la Corona de Aragón es el Archivo Real de Barcelona, y que en el siglo XVIII se convierte, por una decisión monárquica, en el Archivo de la corona de Aragón; y

5ª) (y quizás la más importante) Es un hecho constatado y no suficientemente reconocido que Cataluña introduce el modelo institucional que Pedro El Ceremonioso instaura en el Principado, en el siglo XIV, y que éste se basa en el “Libro de Ceremonias” de Constantino VII, emperador del Imperio Romano de Oriente, convirtiéndose, por lo tanto, en un modelo basado en el llamado Imperio Bizantino, que se encuentra estrechamente vinculado a la historia de los privilegios y los dominios catalanes en la Edad Media. La autoridad catalana hasta los ducados de Atenas y Neopatria es consecuencia directa del apoyo del Principado, del Conde de Barcelona, ​​a la autoridad simbólica, medieval, de la autoridad de Constantinopla, el Imperio Romano vigente hasta el siglo XV. Roger de Flor (historia oficial) y el Tirant lo Blanc (literatura) dan fe de ello.

Varias personalidades catalanas lideran la Orden de San Juan y son patriarcas de Alejandría o de Jerusalén, una situación a la que hay que añadir la dignidad de los papas Borja, desde las tierras valencianas. Castilla no tiene este pasado. Tiene otro, pero no está vinculado con el Imperio Romano Medieval. De hecho, es un territorio ocupado, tal y como lo manifiesta la historia de la Reconquista y el uso que se hace de este episodio, en la órbita castellana, donde domina el poder jerárquico y autoritario, en contraposición al modelo integrador y parlamentario que lidera el Principado de Cataluña dentro de la Corona de Aragón.

El Principado de Asturias, que se basa en la leyenda de Don Pelayo, en cambio, no tiene nada que ver con la autoridad del Principado de Cataluña. De hecho, el primer príncipe de Asturias, oficialmente, no se honra hasta el siglo XV, a título simbólico, para representar la autoridad del heredero de la Corona de Castilla y León. Del mismo modo, ni la nobleza ni la iglesia de Castilla y León se integran nunca al proyecto imperial de Roma o Constantinopla, ni manifiestan ninguna tradición helénica, ni en las artes ni en las formas de gobierno, tal y como se instituye desde el Oriente hasta la caída de Constantinopla, en 1453, y tal y como se sigue desde la Roma italiana con el Renacimiento. El Renacimiento Italiano representa, en este sentido, una etapa avanzada, simbólica y culturalmente, del Imperio Romano. Complementariamente, resaltar que el Archivo de Simancas, el archivo de referencia de la monarquía hispánica, se crea en el siglo XVI.

De acuerdo con este planteamiento, se observa cómo, claramente, la autoridad catalana cae con la caída de Constantinopla, pero se mantiene como símbolo de una nación, hasta el siglo XXI. En este sentido, de acuerdo con estas evidencias, se plantea la pregunta fundamentada de qué sentido tiene llamar Corona de Aragón a los dominios liderados por el Principado de Cataluña, y la hipótesis razonable de que, por razones de poder simbólico, se manipula el origen de sus poderes en torno a un Reino de Aragón por voluntad del monarca, a lo largo de los siglos XVII y XVIII.

Siguiendo las palabras de Maquiavelo, en el capítulo V del libro El Príncipe (oficialmente publicado en 1531), Cataluña formaría parte de los principados de Europa que, antes de ser ocupados, se gobernaban por leyes propias. Esta lectura es precisa para el caso de los catalanes, y su análisis es de gran interés. Maquiavelo resalta que sólo hay tres formas de dominación en este territorio: 1) Destruirlo: 2) Que el nuevo gobernante fije allí su residencia; o 3) Dejarles las leyes, exigirles tributo y constituir un gobierno compuesto por un limitado número de personas de confianza.

En una primera instancia se puede considerar que el Estado español ha optado, en cierta forma, por la última de las tres opciones, pero tal y como resalta Maquiavelo el gobernante debe temer que si no los destruye él serán ellos quienes lo destruirán a él. Dice:

Cualquiera, pues, que llegue a hacerse dueño de una ciudad [o principado] acostumbrada a gozar de su libertad, y no la destruya, debe temer que será destruido por ella. Le servirá de bandera en todas sus revoluciones el recuerdo de sus antiguos fueros y el grito de la libertad, que no se borra con el trascurso del tiempo ni por recientes beneficios: de manera que, por más precauciones que se tomen, no dividiendo o dispersando a los habitantes, nunca se desarraigará de su corazón, ni soltará su memoria el nombre de libertad, y la inclinación a sus antiguas instituciones; estando por lo mismo prontos todos a reunirse para recobrarla con la más ligera ocasión.

Esta es la situación en que se encuentra Cataluña en el inicio del siglo XXI, pero también es la situación que, reiteradamente, ha experimentado Cataluña en los últimos tres, o mejor dicho cuatro, siglos. La reclamación del derecho a la libre determinación después de la Primera República Española (Bases de Manresa, 1892), en tiempos de la República Española (años 1931-1939), con motivo de la Asamblea fundacional de las Naciones Unidas (el año 1945, donde el Consejo Catalán participa) y en tiempos de la Transición Española al sistema democrático (años 1972-1977) es, en este sentido, su mayor evidencia. La lucha a favor de los Hasburgo del siglo XVIII, así como la lucha Carlista y el pulso para instaurar una monarquía Saboya en España en el siglo XIX son, en este sentido, también símbolos de la lucha por una autoridad y una forma de gobierno histórica a la que Cataluña nunca ha renunciado.

Por esta razón, se comprende que la tercera opción que pauta Maquiavelo no es suficiente, si lo que se quiere es el vasallaje pacífico de un principado ocupado gobernado históricamente por leyes propias. Maquiavelo no contempló la manipulación de la historia, pero es, de hecho, una técnica implacable para fomentar la destrucción de una nación, su división y su dispersión.

Como resultado, el Estado español niega la historia de la milenaria nación catalana, una de las más activas y documentadas del mundo, con uno de los escudos más antiguos de Europa, una lengua propia, una moneda, unas leyes, unas Constituciones y unas instituciones también propias, que lideró una Corona y una forma de gobierno en la Edad Media, comprometida con una cosmovisión simbólica romana, según el patrón helénico de Constantinopla. Dar cuerpo a esta historia fundamental, sin embargo, fue imposibilitado, abolido, por el Decreto de Nueva Planta de 1716 impuesto por el rey Felipe V de Borbón, el duque de Anjou.

4. La consecuencia (II): la persecución sistemática de la Lengua Catalana, como símbolo de una cultura y de una nación

Conscientemente, desde el españolismo de Estado se promueve el agravio y el arrinconamiento de la Lengua Catalana, símbolo principal de la nación que representa, mediante diferentes mecanismos:

  • La españolización del castellano.

El castellano se impone como lengua española desde el conjunto de las instituciones del Estado. Por esta razón, la Real Academia Española dice que la lengua castellana “era” una lengua, concretamente dice que era la lengua románica hablada en Castilla que dio origen a la actual lengua española. Esta estrategia, dirigida a una “españolización” sistemática de la Lengua y Cultura Castellanas, niega la españolidad del resto de lenguas del Estado, haciendo uso y abuso de la violencia cultural que el Estado legitima.

  • Tres siglos desautorizando el uso oficial del catalán dentro de las tierras de habla catalana.

El uso oficial del catalán se prohibió desde los Decretos de Nueva Planta (1707-1716), pero desde entonces las prohibiciones han continuado en la escuela (los años 1768 y 1825, o en 1902, con castigos si los profesores hablaban en catalán, y más adelante en 1923 y 1939, con las respectivas dictaduras militares, bajo el espíritu nacional-católico), en los libros mercantiles (1772), los libros universitarios (1773), el teatro (1801) y en los juzgados (1881). El Partido Popular -heredero de la tradición del españolismo de Estado más incisivo-, y más recientemente el partido Ciudadanos, con el apoyo del Tribunal Constitucional, trabajan incesantemente para que el catalán no disfrute, dentro de las tierras de habla catalana, del estatus de lengua nacional, haciendo uso y abuso de la violencia cultural que el Estado legitima.

  • La desautorización del catalán en las instituciones estatales e internacionales.

El catalán no es una lengua oficial del Estado y no se puede hablar en el Congreso, ni en los estamentos judiciales de justicia estatales ni en el ejército español, tampoco en las instituciones internacionales donde el Estado español es miembro. De este modo, se desprestigia estatal e internacionalmente el catalán, haciendo uso y abuso de la violencia cultural que el Estado legitima.

  • La desprotección constitucional del catalán y su estigmatización.

El catalán no goza de ninguna ley estatal para su normalización, promoción y fomento de su estudio, sólo dispone del derecho al respeto y protección que pauta la Constitución Española, sin que ningún español tenga la obligación de conocerlo. Ni Cataluña ni el catalán aparecen en el texto constitucional. Los catalanohablantes debemos conocer, saber leer y escribir el castellano, pero desde los poderes del Estado se relaciona el uso y conocimiento del catalán con una carga económica, educativa y burocrática que limita las libertades de los españoles. Haciéndolo se estigmatiza sistemáticamente a la lengua catalana, haciendo uso y abuso de la violencia cultural que el Estado legitima.

  • La mutilación del catalán.

A pesar del aparente avance de los derechos lingüísticos de las lenguas no castellanas que la Constitución autoriza con un sistema democrático, en especial desde la década de 2010 se persigue y se limita la normalización de la lengua catalana. Paralelamente, mientras se tiende a fomentar, de forma persistente y con todos los medios posibles, el reconocimiento de la unidad de la lengua española (la castellana), mediante el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua Española (creada en 1712, como estrategia de españolización de la lengua castellana), desde el españolismo de Estado se promueve, de forma irracional y enfermiza, la fragmentación del catalán en múltiples dialectos, llegando al absurdo de afirmar que el valenciano no tiene nada que ver con el catalán. Los diferentes criterios, políticas y formas que aplican para unir el castellano (también llamado español) y desunir el catalán es sin duda la mayor expresión de la arrogancia cultural del Estado, que después de tres siglos sigue haciendo uso y abuso de la violencia cultural que se considera legitimada.

Cierre

La causa catalana no es una cuestión política, es nacional. Es la lucha de la dignidad de una nación que se niega a estar subordinada a otra que atenta contra su integridad.

La expresión del derecho a la libre determinación es un derecho nacional, que los catalanes reclaman ejercer porque son una nación y un principado gobernado, históricamente, por leyes propias. Pero es, sobre todo, la reacción de un pueblo, de una lengua y de una cultura que se encuentran en una situación de agravio estructural dentro de un Estado que, por razones de poder, ha hecho de la catalanofobia un instrumento para ejercer su autoridad.

Lo primero que hará Cataluña, si algún día llega a ser un estado independiente, será, indudablemente, reescribir la historia en su integridad. Esta situación generará, en el caso de que se ejecutara, un trastorno para los catalanofóbicos y el fin de la institucionalización de la catalanofobia por razones de Estado. Y el Estado español deberá revisar, también, la evidencia de una manipulación que impactará, necesariamente, en el conjunto de historias estatales de Europa y de medio mundo.

Andreu Marfull Pujadas
2017.VI.21

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